Por Sergio Barranco

Para los fanáticos o conocedores de la tauromaquia, el término estocada, es aquel golpe final que da el torero para matar el toro, si hacemos un símil con el suceso reciente de la destitución del alcalde capitalino por parte del Procurador, si pudiese ser calificado sería un estoque finísimo, digno de claveles rojos, para los que festejan su actuación sobresaliente, porque por ahora lo ha matado políticamente. De este hecho han surgido varias opiniones, que han despertando mucho interés por parte de la prensa y personajes que se mueven en el ambiente político, cada uno con un análisis diferente de la situación, pero preocupados con una decisión inesperada y súbita.

Las líneas de acción que se trazó la administración de Gustavo Petro, tienen como finalidad fortalecer lo público y acabar con la segregación social, este fue el motivo por el cual tomó la decisión de manera improvisada, y que para algunos fue un desquite, aun así no era ningún paso en falso, debido a que existía respaldo por fallos constitucionales (T-724/03, C-741/03, T-291/09, etc.), que exigían las condiciones reales de igualdad y que los recicladores de Bogotá no sean excluidos de esta actividad, a razón de que estos hacen parte de la prestación del servicio. Es por ello que sale a flote el programa de basura cero, un proyecto que tuvo en cuenta los desaciertos de un antiguo sistema y tomó las medidas del caso, para que la ciudad pudiese presenciar un estructurado modelo de aseo, sin embargo no hubo planificación y se sintió ese cambio repentino, además la descortesía de los operadores privados de no prestar el servicio, siendo este el descuido que le costó su relevo del cargo.

Esta serie de eventos fueron presa fácil, para el círculo vicioso de la contratación, la clase pudiente bogotana y opositores de ideología, apareciendo en escena nuestro procurador, un católico ortodoxo, quien hace el papel de verdugo, despreciando a ese 32.22% de votos que eligieron a Petro Urrego, haciendo uso de sus facultades como la de ejercer preferentemente el poder disciplinario, en resumidas cuentas, adelantar investigaciones e imponer sanciones a quien le apetezca, además el deber de acatar las órdenes explícitas de su jerarca, con quien tiene una deuda por su reelección.

El pliego de cargos que se le impuso al regente, fue la de solicitar que se suscribieran contratos con empresas sin experiencia, así mismo la de aplicar restricciones a las que gozaban de esta, vulnerando los principios constitucionales de libre empresa y competencia, terminando así con su destitución e inhabilidad por 15 años, sin embargo este progresista que en los últimos días se ve contrariado, a exhortado a sus electores a que se hagan sentir contra esta sanción, que para el arzobispo Ordoñez es una penitencia.

En síntesis, sin tener afinidad con su ideario político, sería bueno hacer las comparaciones del caso, sobre este pronunciamiento y otros que han quedado en el olvido, siendo merecedores de destierro.