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Editorial - 4 octubre, 2017

Una bomba social

El director de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, acaba de pronunciarse sobre cuatro temas sociales que están tocando fondo, o ya lo tocaron, que deben ser atendidos con mayor eficacia y eficiencia por parte de las autoridades del departamento del Cesar: pobreza, víctimas, desplazados e inmigrantes internacionales, un coctel de problemas […]

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El director de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, acaba de pronunciarse sobre cuatro temas sociales que están tocando fondo, o ya lo tocaron, que deben ser atendidos con mayor eficacia y eficiencia por parte de las autoridades del departamento del Cesar: pobreza, víctimas, desplazados e inmigrantes internacionales, un coctel de problemas que si no se atiende cómo debe ser, se convertirá en una gran ‘bola de nieve’ difícil de atajar.

En su comunicación enviada a la opinión pública hace énfasis en la situación de los miles de venezolanos indocumentados que permanecen en el Cesar, que según su parecer “Aún no se encuentran razones suficientes para que estos inmigrantes irregulares decidan quedarse en el Cesar bajo la amenaza constante de la deportación, teniendo en cuenta que las condiciones de pobreza departamentales alcanzan al 41,9 % de la población y la pobreza extrema al 12,1 %, lo que obviamente muestra que el aparato productivo local no ha resuelto lo básico de la sociedad, ni es el más apto para recibir nueva fuerza laboral”.

Y recuerda que el Cesar es un departamento donde las víctimas registradas suman 311.896 personas, con una industria prácticamente inexistente y con el área rural que alcanza niveles de pobreza superiores al 41 %. Este panorama no es de acuerdo con el análisis del gremio, el escenario ideal para acoger a profesionales, mano de obra calificada y mucho menos indocumentados, sin recursos para montar su proyecto de vida. Situación a la que se agrega que los venezolanos que deciden quedarse aún en medio de tantas dificultades, son explotados por empleadores que les pagan menos de un salario mínimo y los someten a trabajar más horas de las estipuladas legalmente.

“Este trato influye también en ocupaciones marginales como la prostitución, la ocupación del espacio público con ventas ambulantes y estacionarias, la proliferación de transportadores ilegales, el contrabando de combustible y mercancías y sobre todo, el reforzamiento de las redes de narcotráfico y microtráfico que encuentran mano de obra barata y disponible”, asegura, ni qué hablar del crítico sistema de salud que también debe atender a los extranjeros, aun sin seguro médico.

Por eso hacemos eco a este análisis del gremio que agrupa a los comerciantes, que finalmente concluye con la necesidad de que existan “oportunidades de incentivar a las empresas para crear nuevos puestos de trabajo” que finalmente ayudarían a bajar los niveles de pobreza, a resarcir a las víctimas y a visibilizar la nueva franja social creada por la migración de venezolanos a esta región, porque ya es un hecho.

Este análisis es el que deben hacer las autoridades: Gobernador y alcaldes del Cesar, congresistas y gremios, para no solo recordar cifras, sino para proponer soluciones, porque hasta ahora los gobiernos van por una vía y esta realidad por otro camino.

 

 

Editorial
4 octubre, 2017

Una bomba social

El director de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, acaba de pronunciarse sobre cuatro temas sociales que están tocando fondo, o ya lo tocaron, que deben ser atendidos con mayor eficacia y eficiencia por parte de las autoridades del departamento del Cesar: pobreza, víctimas, desplazados e inmigrantes internacionales, un coctel de problemas […]


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El director de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón, acaba de pronunciarse sobre cuatro temas sociales que están tocando fondo, o ya lo tocaron, que deben ser atendidos con mayor eficacia y eficiencia por parte de las autoridades del departamento del Cesar: pobreza, víctimas, desplazados e inmigrantes internacionales, un coctel de problemas que si no se atiende cómo debe ser, se convertirá en una gran ‘bola de nieve’ difícil de atajar.

En su comunicación enviada a la opinión pública hace énfasis en la situación de los miles de venezolanos indocumentados que permanecen en el Cesar, que según su parecer “Aún no se encuentran razones suficientes para que estos inmigrantes irregulares decidan quedarse en el Cesar bajo la amenaza constante de la deportación, teniendo en cuenta que las condiciones de pobreza departamentales alcanzan al 41,9 % de la población y la pobreza extrema al 12,1 %, lo que obviamente muestra que el aparato productivo local no ha resuelto lo básico de la sociedad, ni es el más apto para recibir nueva fuerza laboral”.

Y recuerda que el Cesar es un departamento donde las víctimas registradas suman 311.896 personas, con una industria prácticamente inexistente y con el área rural que alcanza niveles de pobreza superiores al 41 %. Este panorama no es de acuerdo con el análisis del gremio, el escenario ideal para acoger a profesionales, mano de obra calificada y mucho menos indocumentados, sin recursos para montar su proyecto de vida. Situación a la que se agrega que los venezolanos que deciden quedarse aún en medio de tantas dificultades, son explotados por empleadores que les pagan menos de un salario mínimo y los someten a trabajar más horas de las estipuladas legalmente.

“Este trato influye también en ocupaciones marginales como la prostitución, la ocupación del espacio público con ventas ambulantes y estacionarias, la proliferación de transportadores ilegales, el contrabando de combustible y mercancías y sobre todo, el reforzamiento de las redes de narcotráfico y microtráfico que encuentran mano de obra barata y disponible”, asegura, ni qué hablar del crítico sistema de salud que también debe atender a los extranjeros, aun sin seguro médico.

Por eso hacemos eco a este análisis del gremio que agrupa a los comerciantes, que finalmente concluye con la necesidad de que existan “oportunidades de incentivar a las empresas para crear nuevos puestos de trabajo” que finalmente ayudarían a bajar los niveles de pobreza, a resarcir a las víctimas y a visibilizar la nueva franja social creada por la migración de venezolanos a esta región, porque ya es un hecho.

Este análisis es el que deben hacer las autoridades: Gobernador y alcaldes del Cesar, congresistas y gremios, para no solo recordar cifras, sino para proponer soluciones, porque hasta ahora los gobiernos van por una vía y esta realidad por otro camino.