Por: Nuris Pardo Conrrado No logramos los colombianos salir de un escándalo para entrar en otro; aún fresco el episodio causado por la fechoría de los hermanos Nule, nos encontramos con el del desfalco a los dineros de la salud, fondos asignados por el Estado para contribuir con cada persona cuando sus recursos no sean […]
Por: Nuris Pardo Conrrado
No logramos los colombianos salir de un escándalo para entrar en otro; aún fresco el episodio causado por la fechoría de los hermanos Nule, nos encontramos con el del desfalco a los dineros de la salud, fondos asignados por el Estado para contribuir con cada persona cuando sus recursos no sean los suficientemente necesarios para cubrir algunos eventos o males en su estado corporal o mental, denominado Fondo de Solidaridad y Garantía de la Salud (Fosiga), rubro éste que como tantos otros ha ido a robustecer la cuentas personales de algunos, con perjuicios para todos quienes de una u otra forma lo merecemos.
Los delitos se tasan de acuerdo al perjuicio que causen a la sociedad, éste en especial atenta contra la salud en conexidad con la vida de los necesitados, lo que me lleva a pensar que es una de las tantas conductas criminales de lesa humanidad, porque no solamente lo es quien con un arma despoja a un ser humano de la vida, sino también, ese desadaptado que no permite que se viva en condiciones dignas o se recupere el equilibrio sanitario, cuando éste se encuentre en peligro. No se equivocó ese funcionario que al rendirle cuenta al señor presidente de las condiciones en que se encontraba su dependencia le dijo que por donde se tocara el organismo a su cargo salía pus, aquí ha sido peor la tragedia porque ni siquiera con los más fuertes antibióticos morales podremos subsanar las resultantes de esta gravísima actitud.
Digo que es un robo sabido, porque para nadie es desconocido el incremento que las instituciones prestadoras de salud de tipo privada han tenido en los últimos diez años, hace poco clínicas que apenas contaban con lo esencial para atender a los pacientes, hoy son extensos establecimientos con todos los servicios y procedimientos, sin que sea explicable la razón para ello, nada más palpable que lo sucedido en nuestro medio, cuando por el contrario los establecimientos públicos de este orden se debaten en la más grave crisis económica, como ejemplo de ello, lo que está aconteciendo hoy en todo el país, hasta el punto de encontrarnos con casos precisos donde las prestadoras del servicio han dado el salto a otras actividades diferentes a las encomendadas por la ley a ellas.
Ya aparecen como entidades de créditos con bancos que pertenecen a esa colectividad societaria, se ufanan de ofrecer programas de hotelería y turismo, y hasta proponen hacerlo en el campo educativo con la creación de universidades con facultades distintas a sus objetivos sociales, sin un estado vigilante, no podemos negar que por mucho que el Ministerio respectivo lo haya pretendido, le ha sido imposible hasta vigilar el valor y los costos de los medicamentos y procedimientos quirúrgicos, sicológicos que recibe el aquejado y los precios por eventos o capitación, cual sea el escogido.
Aquí hay mucha tela que cortar, no estoy poniendo en duda la honorabilidad del cuerpo médico, ni tampoco la responsabilidad de las administraciones de estas instituciones, pero si eso sucede en lo público como el caso especifico de la llamada mafia de la salud, que podemos esperar de algunas instituciones privadas que bajo la bata de algunos desadaptados y avaros que son pocos, sacian su sed dineraria a costa del estado sanitario de cada ser humano.
No solamente podemos llamar a juicio y condenar a los terroristas, delincuentes comunes, paramilitares y corruptos, sino también a todos aquellos que como malandros nos sacan del bolsillo lo que el Estado Social de Derecho nos provee. Qué bueno sería que quienes quieren lo poco que queda de esta Colombia inmersa en su más grave crisis moral y hacen parte del poder legislativo, propusieran en el estatuto anticorrupción la pena perpetua de esos delincuentes que bajo el amparo de la dignidad estatal, reducen el optimismo de cada uno de los colombianos. Bueno sería entonces que en la norma indicada y propuesta se despojara de cualquier beneficio a esos bucaneros que como en el caso específico, a chorros desangran la salud y acaban con la vida de quienes no tienen la dicha de contar con unos pesos disponibles para invertirlos en su propio estado de vitalidad. Ojala Dios lo quiera así.
[email protected]
Por: Nuris Pardo Conrrado No logramos los colombianos salir de un escándalo para entrar en otro; aún fresco el episodio causado por la fechoría de los hermanos Nule, nos encontramos con el del desfalco a los dineros de la salud, fondos asignados por el Estado para contribuir con cada persona cuando sus recursos no sean […]
Por: Nuris Pardo Conrrado
No logramos los colombianos salir de un escándalo para entrar en otro; aún fresco el episodio causado por la fechoría de los hermanos Nule, nos encontramos con el del desfalco a los dineros de la salud, fondos asignados por el Estado para contribuir con cada persona cuando sus recursos no sean los suficientemente necesarios para cubrir algunos eventos o males en su estado corporal o mental, denominado Fondo de Solidaridad y Garantía de la Salud (Fosiga), rubro éste que como tantos otros ha ido a robustecer la cuentas personales de algunos, con perjuicios para todos quienes de una u otra forma lo merecemos.
Los delitos se tasan de acuerdo al perjuicio que causen a la sociedad, éste en especial atenta contra la salud en conexidad con la vida de los necesitados, lo que me lleva a pensar que es una de las tantas conductas criminales de lesa humanidad, porque no solamente lo es quien con un arma despoja a un ser humano de la vida, sino también, ese desadaptado que no permite que se viva en condiciones dignas o se recupere el equilibrio sanitario, cuando éste se encuentre en peligro. No se equivocó ese funcionario que al rendirle cuenta al señor presidente de las condiciones en que se encontraba su dependencia le dijo que por donde se tocara el organismo a su cargo salía pus, aquí ha sido peor la tragedia porque ni siquiera con los más fuertes antibióticos morales podremos subsanar las resultantes de esta gravísima actitud.
Digo que es un robo sabido, porque para nadie es desconocido el incremento que las instituciones prestadoras de salud de tipo privada han tenido en los últimos diez años, hace poco clínicas que apenas contaban con lo esencial para atender a los pacientes, hoy son extensos establecimientos con todos los servicios y procedimientos, sin que sea explicable la razón para ello, nada más palpable que lo sucedido en nuestro medio, cuando por el contrario los establecimientos públicos de este orden se debaten en la más grave crisis económica, como ejemplo de ello, lo que está aconteciendo hoy en todo el país, hasta el punto de encontrarnos con casos precisos donde las prestadoras del servicio han dado el salto a otras actividades diferentes a las encomendadas por la ley a ellas.
Ya aparecen como entidades de créditos con bancos que pertenecen a esa colectividad societaria, se ufanan de ofrecer programas de hotelería y turismo, y hasta proponen hacerlo en el campo educativo con la creación de universidades con facultades distintas a sus objetivos sociales, sin un estado vigilante, no podemos negar que por mucho que el Ministerio respectivo lo haya pretendido, le ha sido imposible hasta vigilar el valor y los costos de los medicamentos y procedimientos quirúrgicos, sicológicos que recibe el aquejado y los precios por eventos o capitación, cual sea el escogido.
Aquí hay mucha tela que cortar, no estoy poniendo en duda la honorabilidad del cuerpo médico, ni tampoco la responsabilidad de las administraciones de estas instituciones, pero si eso sucede en lo público como el caso especifico de la llamada mafia de la salud, que podemos esperar de algunas instituciones privadas que bajo la bata de algunos desadaptados y avaros que son pocos, sacian su sed dineraria a costa del estado sanitario de cada ser humano.
No solamente podemos llamar a juicio y condenar a los terroristas, delincuentes comunes, paramilitares y corruptos, sino también a todos aquellos que como malandros nos sacan del bolsillo lo que el Estado Social de Derecho nos provee. Qué bueno sería que quienes quieren lo poco que queda de esta Colombia inmersa en su más grave crisis moral y hacen parte del poder legislativo, propusieran en el estatuto anticorrupción la pena perpetua de esos delincuentes que bajo el amparo de la dignidad estatal, reducen el optimismo de cada uno de los colombianos. Bueno sería entonces que en la norma indicada y propuesta se despojara de cualquier beneficio a esos bucaneros que como en el caso específico, a chorros desangran la salud y acaban con la vida de quienes no tienen la dicha de contar con unos pesos disponibles para invertirlos en su propio estado de vitalidad. Ojala Dios lo quiera así.
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