Como para enmarcar. Que buen ejemplo de democracia, de participación regional, nos dio esta semana la ministra del medio ambiente, la agraciada Susana Mohamad. 

¿Sarcasmo? Sin ningún preaviso – sin ninguna socialización con la comunidad urbana, ni siquiera con las autoridades civiles territoriales – esta semana nos despertó la inquieta ministra con la noticia de la ampliación del área de protección de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Así no más, uno entendería que se trata de una buena noticia. Hablamos, después de todo, de uno de los patrimonios naturales más importantes del país. Hablamos de la preservación de las culturas y los pueblos primigenios, los indígenas, que bien merecen ser reivindicados luego de ser tan masacrados. Y hablamos de la preservación del ecosistema, del recurso hídrico natural, hoy defenestrado, casi en vía de extinción. 

Pero siempre hay un pero… cuando se coge con pinzas el tema y se observa en detalle (i) cómo se tomaron las decisiones, (ii) qué territorios abarca la nueva zona de ampliación, y (iii) qué medidas restrictivas entraña una área de protección, nos damos cuenta de las falencias y los peligros de la medida; asustan, ciertamente, porque el futuro de Valledupar y sus pueblos vecinos están en riesgo inminente. De esas hectáreas depende el futuro de Valledupar.

(i) En un país de democracia participativa, en cuya constitución además se consagra la descentralización municipal, no es de buen recibo la toma de decisiones centralizadas sin socializarlas con el territorio afectado. Es antidemocrático. A juzgar por lo acaecido, la ciudadanía vallenata y cesarense y, sobre todo, nuestras autoridades, están pintadas en la pared. Seguramente. Su silencio traduce que aún no se han percatado que se los pasaron por la faja. 

Una decisión de ese talante es además inconstitucional, y lo sabe la ministra. Lo dijo la Corte Constitucional al tutelar los derechos ciudadanos respecto a la delimitación del páramo de Santurbán. Al decretar la nulidad, dijo que “…violó los derechos a la participación y acceso a información, debido a que la comunidad…no fue convocada apropiadamente, ni sus opiniones ni insumos fueron tenidos en cuenta”.  

(ii) La ampliación corresponde a la bicoca de 172 mil hectáreas, de las cuales el 12% pertenece a zona rural del municipio de Valledupar, de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (El Pilón, pg. 2, ed. 7446). Como quien dice, pusieron en la cuerda floja nuestro desarrollo, nuestras oportunidades económicas, nuestra seguridad alimentaria e, incluso, nuestra posibilidad de no morir de sed. Se nota que no entienden el territorio ni sus necesidades. ¿Qué futuro le espera a la ciudad más informal del país? ¿Qué futuro le espera a una de las ciudades con mayor desempleo y pobreza de Colombia?

(iii) La declaratoria de Parque Natural es la más restrictiva de las figuras que contempla nuestra legislación. He ahí la importancia de la socialización. Pudo conciliarse el interés plausible y necesario de preservar el ecosistema y las cuencas hídricas sin necesidad de convertir en parias, o desplazados, a los pequeños propietarios de predios, que ahora tendrían limitaciones sustanciales para desplegar sus actividades de ganadería y agricultura.

Dedíquense al turismo, increpa la ministra. Como si los indígenas estuvieran abiertos a la actividad turística en su territorio.

Pudo conciliarse, y debe conciliarse además, con los intereses también plausibles de la comunidad vallenata (de todo el valle de Upar), que toda se provee – legal o ilegalmente -de agua potable del acueducto de Valledupar. A la vuelta de una década su población oscilará en el 1.5 millón de habitantes. ¿Cómo harán para saciar su sed, si el Guatapurí se seca y el Cesar es una cloaca? Estas decisiones así tomadas incuban el germen de la violencia. ¿Cómo precaver a futuro un enfrentamiento feroz entre los indígenas y los habitantes de las ciudades?  

Ah,  aumentemos las gestiones para la conservación de los ríos Guatapurí, Badillo y Cesar. “…eso significa que tenemos que pensar el futuro del agua de Valledupar y la región desde otro punto de vista…”, pontifica la ministra. Sabroso así. Por su dimensión, estos son proyectos nacionales, no municipales. ¿A la par que se ampliaba el área de protección, por qué no se decretaron medidas para garantizarles el agua a más de 1 millón de habitantes… o los condenamos a morir de sed? Sería un holocausto.  

Que vaina. Si no nos escucharon al diseñar y decretar tales medidas, nos tocará defender nuestros derechos a través de las cortes, llenarlas de tutelas y solicitar suspensiones provisionales y nulidad simple como protección al interés general. Nadie nos puede quitar la voz a la hora de decidir nuestro futuro. Que no nos rapen parte del territorio sin inmutarnos. Pa’lante Valledupar en tu defensa. 

Por Camilo Quiroz H.