Hay que partir de un hecho innegable: ni Márquez ni Santrich, miembros del secretariado, se desvincularon nunca del narcotráfico. Quizás dejaron el fusil, pero no las actividades criminales. La captura de Santrich se produjo en abril del 2018 y de inmediato Márquez, Romaña y el Paisa se esfumaron.

Su retorno a la clandestinidad no puede atribuirse, de ninguna manera, a Uribe o a Duque que ni siquiera había sido elegido. Ese señalamiento no solo es falso sino canalla porque deja de atribuirle a quienes se estaban burlando del acuerdo y se la endilga a quienes solo han señalado las fallas y riesgos de ese pacto.

La verdad es que Márquez y su banda se devuelven al monte porque temían ser extraditados o porque, como creen muchos, ejecutan su parte en una estrategia en la que un sector de las Farc aprovecha las inmensas ventajas que les otorgó Santos y el otro se mantiene en las armas y en los negocios del narcotráfico y la minería ilegal. O por ambas razones.

Yo prefiero pensar que hay gente de las Farc que genuinamente le apuesta a dejar la violencia. A la guerrillerada de base desmovilizada hay que cuidarla y facilitarle su reinserción efectiva. Pero los jefes tienen la obligación de colaborar de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal y señalar quienes eran sus aliados políticos y logísticos cuando estaban en la clandestinidad, que nunca se desmovilizaron. Hay que evitar que esos apoyos beneficien a Márquez y su banda

La amenaza no es menor. Las “disidencias” tenían como mínimo 900 hombres en armas. La Fuerza Pública calcula en 1.700 los “reincidentes”. Entre unos y otros hay 2.600. Hay que agregar las redes logísticas. Cerca de cuatro mil hombres. Y se anuncia una coordinación de acciones con el Eln que tenía 3.000 hombres en el 2016. Sumados, 5.600 en armas más redes de apoyo.

El Estado tiene la obligación de combatir con todos sus recursos estos bandidos. Tiene que resolver esta situación esquizofrénica: tenemos un orden constitucional de postconflicto, una institucionalidad, una doctrina militar, una disposición de fuerza y un presupuesto para este escenario, pero una realidad de conflicto armado.

Si no se resuelve esa esquizofrenia estaremos en el peor de los escenarios: unos violentos riquísimos por cuenta del narcotráfico y la minería ilegal y que aprovechan las ventajas del pacto de Santos y una sociedad maniatada porque no tendrá las herramientas normativas, institucionales, de doctrina y estructura militar y policial y de presupuesto que necesita para enfrentarlos. Todo ello, con apoyo del régimen chavista.

Para rematar, una sociedad y unas élites políticas no solo polarizadas sino con fracturas profundas y sin acuerdos mínimos para combatir a los violentos y el narcotráfico ni sobre las maneras para hacerlo.
No, no es “una tormenta en un vaso de agua”, es un peligro inmenso y real.