Una verdadera batalla campal se registró ayer en mercado público de Valledupar y sus calles aledañas. Un operativo, considerado como rutinario por parte de las autoridades de la Policía y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), degeneró en una serie de enfrentamientos entre civiles y policías, particularmente con integrantes del Grupo Antidisturbios, que afectó la situación de orden público en este sector de la ciudad durante varias horas.
Según pudieron observar y verificar periodistas y reporteros gráficos, se trataba de una diligencia de inspección de un grupo de negocios para buscar productos y mercancías posiblemente de contrabando, en algunos locales del mercado.
Pero la labor del grupo inicial de la Policía Fiscal y Aduanera fue interferida por algunos comerciantes que cerraron sus locales y estimularon la protesta para impedir el objetivo del operativo, que habría terminado con el decomiso de la mercancía que eventualmente no cumpliera con los requisitos de Ley.
Ante estos hechos, consideramos necesario que la Policía Cesar explique: ¿Qué fue lo que sucedió en este operativo?, ¿Cuáles fueron las razones por las que un operativo, definido como rutinario, termina en los desordenes en que termino este?, si se cumplieron debidamente los protocolos para este tipo de operativos?, entre otros interrogantes.
Pero, también es necesario que los comerciantes ubicados en el mercado público expliquen ante la autoridad municipal, la Policía y la comunidad, las razones por las cuales se oponen a un operativo anti-contrabando. El que nada debe…
Ningún espacio de la ciudad puede estar vedado a la acción de la Policía o de cualquier otra autoridad civil o militar. Ni más faltaba. Por supuesto, estos operativos deben realizarse con la debida planeación y previsión, para evitar que su desarrollo se pueda salir de control.
La Policía Nacional y la DIAN tienen plenas facultades para realizar este tipo de controles, encaminados a luchar frente al contrabando que genera una pérdida para los productores nacionales, como también desempleo y pérdida para los ingresos del Estado.
En el caso del operativo de ayer también sería conveniente una investigación de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, entre otras entidades, para determinar que fue lo que sucedió en realidad.

Otra vez, el problema del agua
Vuelve y juega. Otra vez los habitantes de Valledupar tienen que padecer la suspensión del servicio de acueducto y alcantarillado, sin que la empresa Emdupar avise oportunamente la situación.
No hay derecho, reiteramos, a que esta empresa que administra un servicio público esencial, como es el agua, existiendo hoy tantos canales y medios de comunicación, no pueda informar oportunamente sobre los motivos que puedan originar la suspensión del servicio.
Sería bueno, a propósito, que el novicio gerente de Emdupar, le explique a la ciudadanía de Valledupar, como también al Concejo de la ciudad, cuáles son sus planes al frente de la empresa, que, insistimos, pasa por un mal momento, situación que está afectando – y de que manera-, a sus usuarios. Y para próximas ocasiones invitamos a Emdupar a informar oportuna y adecuadamente estas suspensiones imprevistas, que deberían ser objeto de investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.