En la ciudad de Valledupar, siete sectores se encuentran en una batalla jurídica y de convivencia a raíz de un cerramiento que marca una frontera entre la urbanización Don Miguel y Altos de Don Miguel y los barrios Villa Yaneth, Campo Romero, Villa Andrés, Campo Florida y Francisco Javier.

El denominado “Muro de Berlín”, como lo llaman algunos de los habitantes de los barrios mencionados, les ha provocado afectaciones en la movilidad, el desarrollo urbano, el aprovechamiento de zonas verdes y recreación para los niños, libre acceso a sus hogares e impopularidad en la ciudad debido a que los catalogan como los “cercados por los muros de la Tramacúa”, según estas comunidades. 

“Es un cerramiento ilegal porque en el año 2016 la Curaduría No.2 aprobó la construcción de la Urbanización abierta Don Miguel y Altos de Don Miguel, el señor Maya cerró el predio de tal manera que la continuidad de las calles se vieron truncadas, no dejaron los espacios pertinentes por ley para las viviendas de estos barrios y para hacer la calle completa”, explicó Hugo González, abogado de los barrios afectados.  

De acuerdo con el jurista, fueron cerrados los accesos a las calles 2, 2 A, 2b, 2C, calle 3, 3 A, 3B y 3c. De igual manera a las carreras 44, 45, 46, 46Bis, 47, 48, 49 y 50, por lo que interpusieron derechos de petición e instauraron tres acciones de tutela con el fin de examinar la existencia de un presunto cerramiento ilegal en los accesos de la urbanización Don Miguel y Altos de Don Miguel y en sus respectivas áreas de cesión.

DON MIGUEL Y ALTOS DE DON MIGUEL 

De acuerdo con Rosa Rojano, miembro del Comité de Bienestar de Altos de Don Miguel, el cerramiento fue hecho por la constructora al momento de hacer las dos urbanizaciones para que no fueran robados los materiales de construcción de la obra. 

“Ellos alegan que los muros y las rejas de la urbanización intervienen con su movilidad como barrio, cosa que a nosotros nos parece muy raro porque las calles de esta urbanización no conectan con esos barrios, conectan con áreas de cesión del municipio. Nosotros sí necesitamos la seguridad que nos brinda el cerramiento, debido a que en los barrios contiguos siempre se ven robos”, explicó Rojano. 

Aseveró que las comunidades vecinas pueden entrar libremente a la urbanización “aquí nunca se le ha cerrado la puerta a nadie”, aseverando así que la urbanización es abierta y por la seguridad de sus residentes han contratado a un personal que les presta el servicio de seguridad privada. “En nuestras calles no está prohibido que circule la gente”, puntualizó. 

“Nosotros hemos visto robos detrás de la reja, asesinatos y por eso pensamos que si la tumban eso va a pasar aquí y nosotros en las dos urbanizaciones podemos salir con los teléfonos, dejar bicicletas afuera y demás enseres en la terraza y no pasa nada”, argumentó Romero. 

LOS OFICIOS  

De acuerdo con Hugo González, abogado de las comunidades afectadas, de las tres acciones de tutela que han instaurado dos han sido falladas a favor en primera instancia “No sé qué razones han tenido los juzgados en segunda instancia para revocar dos, pero estás acciones nos han ayudado para que el proceso policivo avance”, precisó González. 

En ese sentido, el Juzgado Doce Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Valledupar, declaró en octubre de 2023 improcedente la acción de tutela presentada por los barrios afectados por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, frente a la vulneración alegada sobre los derechos colectivos a la Igualdad y a la locomoción.

Cabe puntualizar que los accionantes pretenden mediante dicho mecanismo “se ordene a los accionados a desmontar los cerramientos con maya y alambre de púas o seguridad en las calles y demoler la pared que cierra las vías públicas y el área de cesión”. 

De igual manera, “se ordene a la alcaldía hacer la dotación y entrega del área de cesión a la comunidad. Se ordene remover y desmontar la garita que está en el medio de la calle ocupando espacio público”, toda vez que consideran que el cerramiento de las calles que pertenecen a los conjuntos Don Miguel y Altos de Don Miguel, son ilegales, lo que consideran que atenta contra sus derechos a la igualdad, y la movilidad.

¿EN QUÉ VA EL PROCESO?

Según la comunidad, actualmente se encuentran a la espera de que la Oficina de Planeación Municipal suministre el concepto técnico que solicitó Lorenei Pérez, Inspectora Urbana de Policía de Los Fundadores. 

“Ellos tenían un plazo de tres días para hacerlo. Yo estuve en la Alcaldía Municipal el jueves pasado y los señores de la oficina de obras me dijeron que el día jueves o viernes de esta semana entregaban el concepto técnico para determinar si se procede demolerlo o no”, explicó Hugo González. 

El diario EL PILÓN intentó comunicarse con la Secretaría de Gobierno Municipal para constatar la información suministrada por la comunidad, derechos de petición, acciones de tutela y los oficios emitidos por el Juzgado Doce Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Valledupar, sin embargo, no se pudo establecer contacto con la dependencia ni vía telefónica o por mensajería. 

LA CONSTRUCTORA 

En relación al interrogante de si el cerramiento del área de cesión se realizó con el fin de evitar una posible invasión ilegal del terreno, la Constructora Maya y Asociados S.A.S., indicó que, a pesar de no ser un conjunto cerrado, no cuenta con continuidad externa en sus vías, es decir, las calles y carreras son internas y cualquier “problema que se presente con relación a las comunidades aledañas debe ser solucionado directamente por los moradores de la urbanización”. 

Así mismo, la constructora aseveró en respuesta a la acción de tutela que “el cerramiento no le viola los derechos a los accionante, quienes pueden y tienen el derecho a ingresar a ese espacio las veces que deseen, siempre que lo hagan por las puertas o portones adecuados para ese fin”. 

Respecto a si la urbanización Don Miguel es abierta o cerrada, la constructora aseveró que es abierta y que la decisión de cerrar las vías de acceso radica en los moradores de ese barrio y es a ellos a quien debe dirigirse la solicitud, de igual forma aclara que a pesar de ser un conjunto abierto no tiene continuidad externa en sus vías, “motivo por el cual no debería ser un obstáculo para el tránsito de los barrios vecinos”. 

Por último, se oponen a las pretensiones planteadas por los accionantes, teniendo en cuenta que no han vulnerado los derechos fundamentales invocados y sus solicitudes deben dirigirse ante los moradores de la urbanización Don Miguel. También puntualizan que para facilitar el ingreso a las áreas de cesión, deben llegar a un acuerdo con el líder de la junta de acción comunal, para que puedan ingresar al predio fijando unos horarios y garantizar la seguridad en el área.

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

En el fallo de la acción de tutela interpuesto, la secretaría de Gobierno Municipal responde que el recurso lo remitió a la Inspección Urbana de Policía, la Casa de Justicia del barrio los Fundadores, con el fin de realizar lo respectivo para la solución de tal requerimiento y que se la entidad que ejerza control urbano, avoque conocimiento y en “caso de existir motivación, inicie y lleve hasta su culminación el trámite pertinente”.

Por Namieh Baute Barrios
@Namiibb