El pasado julio de 2022 la Revista de Ciencias Económicas de La Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, publicó en un artículo los resultados del estudio sobre “Políticas públicas y capacidad institucional para los DD HH en los municipios del departamento del Cesar, Colombia”, realizado por el grupo de Investigación Cátedra Carrillo, de la ESAP-UPC, que analizó la fortaleza de los municipios del Cesar para asumir la realidad de los Derechos Humanos de sus habitantes, en un periodo de desarrollo de acuerdos de paz, considerando el departamento entre los más golpeados por el conflicto.

El estudio cubrió los 25 municipios para formar una percepción objetiva sobre la real capacidad para una acción proactiva, eficaz, y cultural, alrededor de los universales derechos, y propiciar la decisión ciudadana en su exigencia y protección. Los hallazgos fueron preocupantes tales como que la gente percibe las personerías como único órgano estatal en la materia de los derechos y en ella se concentran todas las funciones relativas de los municipios, que en total cuentan con de 91 funcionarios, debiendo ser un credo filosófico y comportamental de toda la administración; en promedio son 3,64 servidores por entidad, pero no todos atienden la tarea misional; con deficiente operación – solo se hallaron fijados 3 planes operativos- y realizando múltiples tareas sin priorizarlas. En 18 de los municipios solo cuentan con dos cargos, personero y secretario.

Parte de los personeros son elegidos como cuotas políticas, sin experiencia, claridad conceptual, ni formación especializada, pero con un sesgo estrictamente legal, dotaciones instalaciones lamentables en la mayoría de las circunscripciones (22) lo que refleja los bajos presupuestos. También son notables los conflictos personeros -alcaldes o concejos, que le quitan respaldo y cooperación externa.

El corolario lógico de ese panorama son las escasas acciones formativas para que la comunidad conozca y defienda sus derechos; y la falta de articulación interinstitucional. Este panorama indica que restaurar el tejido social en una sociedad en posconflicto implica esfuerzos para dignificar los derechos humanos como sello de comportamiento colectivo. Y capacitar a las autoridades locales con ese fin.

Propender desde el gobierno central para que cada municipio diseñe políticas de fortalecimiento de esta cultura en su jurisdicción. Identificar al personero, como un líder con sensibilidad y capacidad de gestión más que como un burócrata, y mejorar a las personerías, en todos los aspectos. Y por supuesto una gran educación ciudadana, como se aludió antes.

Situaciones actuales como las de Sucre, en que jóvenes fueron expuestos a mortal agresión policial, exalta el trabajo investigativo de estos otros afortunados y académicos jóvenes cesarenses, y algunos docentes como Simón Martínez, que, lúcidamente, sientan bases para prevenir los peores dolores para su generación y la sociedad.