Los expertos dan por sentado que a diciembre pasado había más de 200.000 hectáreas de narcocultivos en Colombia. La cifra será aún mayor. Para fines del 2015 había 159.000, un 42% más que un año antes. Desde entonces los elementos objetivos de la expansión desatada solo se han agravado. De manera que si la tasa de crecimiento se mantuviera, estaríamos en 223.000. Durante Santos los narcocultivos se habrán casi cuadruplicado.

Dos son los motivos centrales de ese crecimiento desorbitado: la suspensión de la fumigación área y los beneficios para los narcocultivadores acordados con las Farc. Ahí se pactó la renuncia a la persecución penal a los narcocultivadores por dos años y que la erradicación será acordada con las comunidades y de manera manual y voluntaria. Y se establecieron prebendas para los narcocultivadores que no tienen los campesinos que nunca delinquieron.

Santos renunció a los garrotes de la fumigación, la erradicación forzada y la persecución penal, y, al mismo tiempo, estableció una zanahoria perversa que en lugar de invitar al desmonte estimula la siembra de narcocultivos.

Los defensores de esta nueva política alegan que la anterior fracasó, cosa que no es cierta en el caso colombiano porque el anterior gobierno consiguió la reducción de más del sesenta por ciento de los narcocultivos, y que el acuerdo con las Farc conseguirá cortar el vínculo con los actores armados. Tal cosa es falsa. Ya sabemos que los frentes y comandantes guerrilleros disidentes conocidos son algunos de los más fuertemente vinculados al narcotráfico. Hay información de que en otros casos hay un cambio de brazalete y el control de los narcocultivos se hace ahora a nombre del Eln. Y que la implementación del agrupamiento y la desmovilización de las Farc en varias zonas del país no ha venido acompañada con el control de esas áreas por parte del Estado y, en consecuencia, las bandas criminales se están apropiando de los narcocultivos que hay en ellas.

Más grave aún, ahora, por cuenta de haber frenado la fumigación, la productividad de los narcocultivos es un 40% mayor. Si en el 2010 una hectárea producía cinco kilos de coca al año, en el 2015, cuando la prohibición de la aspersión área se extendió a todo el país, se había llegado a casi siete. Súmese un dólar a tres mil pesos.

Ahora el Gobierno ha autorizado el uso del glifosato para las erradicaciones manuales. Y el Ministerio de Defensa dobló su meta, sin ningún estudio que lo sustente, a 50.000 hectáreas. Mienten, como mintieron durante la campaña del plebiscito con la propaganda que decía que el acuerdo con las Farc acabaría los cultivos ilícitos.

Es la revés: los multiplicaron. La violencia aparejada se incrementará en lugar de reducirse.  Y me temo que con Trump las presiones para corregir el desastre serán inmanejables.