En una de las muchas marchas a las que amplios sectores sociales de la comunidad vallenata asistimos como ciudadanos del común; preocupado por las consecuencias que podían devenir de la Resolución 000967 de 1999, por medio de la cual se liquidó la Electrificadora del Cesar, dialogando con uno de los miembros de la organización sindical de esa empresa, le indagaba sobre algunos de los riesgos que podíamos enfrentar los usuarios a futuro, frente a esa decisión con la que los neoliberales empezaron a profundizar el desmantelamiento del estado social colombiano y a venderle lo labrado durante décadas, con recursos de los contribuyentes, a los privados (era el segundo año del mandato de Andrés Pastrana Arango, que llevó a la práctica cuanto se determinó en el gobierno de Gaviria, y que se había dilatado durante la administración de Samper).

   Luis Gámez, miembro de Sintraelecol, sindicato sobre el que se escudaba la más publicitada razón para acabar con dicha empresa, pues, se le sindicaba de ser responsable mayor de su quiebra e ineficiencia, explicaba muchas consecuencias de lo que se veía venir para el país, y en particular para la costa, y, en el caso del servicio de energía, anotaba lo del incremento libre del precio del kilovatio, puesto que la nueva visión ya no sería la de la prestación del servicio si no la de la rentabilidad del sector; el crecimiento de las dificultades para dotar de ese servicio a las comunidades más vulnerables, porque allí donde no existieran clientes con capacidad de pago no habría servicio; la eternización de muchos pueblos en los lugares más alejados de la geografía nacional para acceder a la luz eléctrica, puesto que a los operadores les interesarían más aquellos territorios con mayor accesibilidad, y otra serie de puntos negativos que no es posible señalar, pero que los tenemos a la orden del día en los tiempos presentes.

   Todo fue consumado, pues, de nada valió la protesta ciudadana y lo implementado de ahí en adelante; aprobado en su mayoría por los congresistas de entonces –que nos remataron con la Ley 142 del 94, donde se constituyó la tal Comisión de regulación, cuya funcionalidad quedó al servicio de los entes privados prestadores, ya de todos los servicios domiciliarios que los gobiernos neoliberales habían subastado al mejor postor- muestra los frutos envenados que hoy tenemos que comernos por la fuerza los habitantes de la Costa Norte, y que se sabía, desde entonces, cuáles serían sus resultados.

   De todos los atropellos que los costeños, por supuesto entre ellos nosotros, hemos tenido que padecer con paciencia asiática, y que apuntaba el extinto Luis Gámez, está el que hoy agobia a los usuarios de la operadora Afinia. Claro, mientras desde ese asalto mortal a lo público de los gobernantes colombianos, el incremento del SMLM es de un poco más de 5 veces (por bondad de los incrementos de los dos últimos años), el precio de la energía sobrepasa las 8 veces.

   Las protestas de hoy rememoran aquellas del 98 y 99. Otra vez, el Congreso tiene la palabra y el deber de legislar, esta vez, a favor de la comunidad.

Por Pedro Perales Téllez