Era un secreto a voces. Un rumor,  se decía en privado, en distintos círculos de la ciudad: que en la Secretaría de Hacienda Municipal de Valledupar se venían presentando casos de corrupción, donde algunos funcionarios “arreglaban” las deudas de impuestos de los contribuyentes, por concepto de los tributos más importantes que tienen a su cargo los municipios: el Impuesto Predial y el Impuesto de Industria y Comercio.
Ahora la mala noticia se ha confirmado: un buen número de contribuyentes, en el cual se encuentran muchas personas reconocidas por su solvencia económica, que tenían viejas deudas  con la administración pagaron menos de lo que debían, pero estos dineros nunca entraron a las arcas del municipio…
Sin lugar a dudas se trata de un intento por defraudar las finanzas del municipio, en un valor estimado por la Contraloría Municipal en $153.000 millones. Para mostrar la magnitud del daño al patrimonio público sólo hay que señalar que el Presupuesto de Valledupar para este año (2010) ascendió a $136.000 millones…
Se trata, por supuesto, de un fraude equivalente a la pérdida del presupuesto de todo un año, pero realizado durante varios años y de manera sistemática, según ha informado la Contraloría Municipal. Se estima que el mismo se pudo presentar entre el 2002 y 2009, según las muestras al azar que ha tomado el organismo de control.
Esta es una pésima noticia para la ciudad. En una población cuya cultura tributaria es muy poca, cuando se habla de corrupción en el mismo organismo encargado de recaudar estos dineros se le hace un daño muy grave a las finanzas de la ciudad, pero principalmente a esa cultura tributaria, es decir al deber ciudadano de pagar los impuestos…
El hecho viene a sumarse a la salida poco clara del anterior secretario de Hacienda, Álvaro Iglesias, que duró menos de un año y nunca se conocieron las razones de su retiro, a pesar de que se le reconoció un aumento sustancial en el recaudo durante su corta gestión. Adicionalmente, consideramos que el Alcalde se tomó un tiempo excesivo para designar al remplazo de Iglesias, el señor Nicolás Maestre, en un cargo de tanta importancia.
Este es un tema que debe ser asumido con toda la verticalidad por parte del propio Alcalde Fernández Maestre, y sobre el cual el Concejo Municipal debe profundizar en su debate, hasta llegar al fondo de este oscuro asunto.
Lo mínimo que debe haber es una remoción al interior de esa Secretaría, ya que es claro que hay funcionarios implicados y que todo el tema no se puede distraer bajo el sofisma de tramitadores y personal externo. Sin la complicidad de personas dentro de la entidad los pagos no se habrían podido concretar. En este tema la colaboración de la banca local es fundamental.
Así de claro y así de sencillo, debe haber una purga al interior de la secretaría de hacienda,  y una acción inmediata de la oficina de control interno disciplinario. Sólo así será posible despejar el fantasma de la desconfianza de la comunidad, y principalmente de los contribuyentes, sobre la totalidad de los funcionarios de esta cartera.
Sin duda, se trata de un caso de ineficiencia y corrupción que debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias por parte de la Contraloría Municipal, en lo que corresponde al daño al patrimonio público; a la  Fiscalía General de la Nación, en los asuntos penales y a la Procuraduría General de la Nación, en los asuntos disciplinarios.
Sería ingenuo pensar que no hubo daño al patrimonio público y que el asunto se limita a que estos contribuyentes perdieron su plata, ya que las deudas siguen. Esto no está del todo claro.
Por el contrario, el daño a la confianza que se requiere en la administración pública ya está causado y nuevamente volverá la desconfianza entre los contribuyentes frente a la Secretaría de Hacienda y a la administración, en su conjunto, y esto es gravísimo para el futuro de la ciudad y sus efectos inmensurables, desde el punto de vista de la cultura ciudadana y tributaria.