Las denuncias hechas por la Contraloría Municipal sobre cinco hallazgos de incumplimiento del contrato suscrito entre la empresa Aseo del Norte y el municipio de Valledupar, dejan un mal sabor en la opinión pública, porque es evidente que quedan muchas preguntas sin respuestas sobre los verdaderos responsables de las presuntas anomalías.
La gravedad de los hallazgos obliga a la contralora municipal, Angelica María Olarte, a instaurar de manera inmediata las denuncias disciplinarias y penales correspondientes, según lo amerite el caso, pero además es necesario que se inicien los procesos para determinar los respectivos juicios fiscales; alguien debe responder y para ello hay que mirar de manera retrospectiva todo el recorrido de la contratación, desde la formulación hasta la adjudicación del proyecto en mención.

Es preciso recordar que se trata de un contrato de condiciones uniformes, cuyo objeto es la prestación del servicio público de aseo el cual incluye actividades como: recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza urbana, corte de césped, poda de árboles, lavado de vías y áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas.

El último contrato – porque ya venía la relación con el Grupo Interaseo desde comienzos de este siglo, casi dos décadas atrás- fue suscrito el día 26 de septiembre de 2019, en el gobierno anterior que presidió el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía y cuando el gerente de Emdupar era José María Gutiérrez Baute.

Genera más confusión el hecho de que la Contralora afirmara en Radio Guatapurí que el 2015 se habría prorrogado por 20 años y que a mediados del 2020 apareció un Acta ( entre las partes, de junta directiva de Emdupar?) que lo habría prorrogado aún más, casi al infinito.

Emdupar además habría renunciado, según la Contralora, en la tercerizacion, desde el 2008, al 3% del recaudo, al entregarlo a Electricaribe (luego Afinia) y no se entendería con qué justificación si el esfuerzo de recaudo lo hacía el otro iba a dejar de percibir el ingreso el contratante Emdupar. Y porque además no implementó una interventoría externa.

Hasta la actualidad muchas situaciones de carácter legal deben revisarse con lupa en aras de saber quién o quiénes se han beneficiado con la forma en que se ha ejecutado el contrato en posible detrimento de los intereses ciudadanos.

Por el momento no queda claro si el ‘acomodamiento ’ del contrato, que permitió las presuntas irregularidades fiscales en contra del patrimonio municipal, fue propiciado por el contratante o por el contratista, o si fueron los dos al mismo tiempo, lo cierto es que por hora lo único que se percibe es un tinte de turbiedad que contrasta con las aguas cristalinas del río Guatapurí, que son las que abastecen a la empresa Emdupar, y con la otrora limpieza de las calles y avenidas de la capital vallenata.