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Judicial - 6 mayo, 2010

Un caso de falso positivo implicó a nueve militares

Hasta la tarde de ayer, las partes intervinientes en la audiencia de declaración jurada, seguida contra nueve militares por el delito de homicidio en personas protegida, continuaban con la diligencia que se inició en horas de la mañana, en el juzgado Tercero Penal, presidido por Alex Movilla Andrade. En el desarrollo de la audiencia los […]

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Hasta la tarde de ayer, las partes intervinientes en la audiencia de declaración jurada, seguida contra nueve militares por el delito de homicidio en personas protegida, continuaban con la diligencia que se inició en horas de la mañana, en el juzgado Tercero Penal, presidido por Alex Movilla Andrade.
En el desarrollo de la audiencia los implicados fueron interrogados sobre los cómo sucedieron los hechos que originaron este proceso que ya envió al militar que, en esa ocasión,  comandaba el grupo, a la cárcel. Se trata del capitán Wilson  Alfonso Narváez Mejía, quien aceptó los cargos y fue condenado a 16 años de prisión.
De acuerdo al expediente, en este caso resultó víctima un campesino de la zona de Pueblo Bello, que fue identificado como Baltasar de Jesús Arango, un campesino que laboraba como jornalero en la región de Pueblo Bello y luego de ser asesinado fue mostrado como integrante de uno de los grupos guerrilleros que delinquen en esa región. Los hechos se presentaron en el mes de junio de 2007.
Los soldados comprometidos con este caso, y que permanecen privados de la libertad señalados del delito de homicidio en persona protegida, responden a los nombres de Joimer José Arias Chonca, Carlos Ayala González, Ismael Bonet Pavón, Toiber Blanchar Villazón, José Gregorio Manjarrés Hernández, Daiver Jiménez Muñoz, Tomás Ayala Nieves, Edwin Hernando Cuellar Cabrera y Pedro Antonio Pérez Oñate, para quienes la Fiscal 34 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos, Cleofelina Reatiga Alvarado, pide fallo condenatorio que, según la ley, podría llegar a los 40 años de prisión.
Mientras que los imputados son defendidos por los abogados, José Jorge Molina Morales y Marta Gineth.

Judicial
6 mayo, 2010

Un caso de falso positivo implicó a nueve militares

Hasta la tarde de ayer, las partes intervinientes en la audiencia de declaración jurada, seguida contra nueve militares por el delito de homicidio en personas protegida, continuaban con la diligencia que se inició en horas de la mañana, en el juzgado Tercero Penal, presidido por Alex Movilla Andrade. En el desarrollo de la audiencia los […]


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Hasta la tarde de ayer, las partes intervinientes en la audiencia de declaración jurada, seguida contra nueve militares por el delito de homicidio en personas protegida, continuaban con la diligencia que se inició en horas de la mañana, en el juzgado Tercero Penal, presidido por Alex Movilla Andrade.
En el desarrollo de la audiencia los implicados fueron interrogados sobre los cómo sucedieron los hechos que originaron este proceso que ya envió al militar que, en esa ocasión,  comandaba el grupo, a la cárcel. Se trata del capitán Wilson  Alfonso Narváez Mejía, quien aceptó los cargos y fue condenado a 16 años de prisión.
De acuerdo al expediente, en este caso resultó víctima un campesino de la zona de Pueblo Bello, que fue identificado como Baltasar de Jesús Arango, un campesino que laboraba como jornalero en la región de Pueblo Bello y luego de ser asesinado fue mostrado como integrante de uno de los grupos guerrilleros que delinquen en esa región. Los hechos se presentaron en el mes de junio de 2007.
Los soldados comprometidos con este caso, y que permanecen privados de la libertad señalados del delito de homicidio en persona protegida, responden a los nombres de Joimer José Arias Chonca, Carlos Ayala González, Ismael Bonet Pavón, Toiber Blanchar Villazón, José Gregorio Manjarrés Hernández, Daiver Jiménez Muñoz, Tomás Ayala Nieves, Edwin Hernando Cuellar Cabrera y Pedro Antonio Pérez Oñate, para quienes la Fiscal 34 Especializada de la Unidad de Derechos Humanos, Cleofelina Reatiga Alvarado, pide fallo condenatorio que, según la ley, podría llegar a los 40 años de prisión.
Mientras que los imputados son defendidos por los abogados, José Jorge Molina Morales y Marta Gineth.