Ante el Juzgado Segundo Penal con funciones de control de garantías de Ocaña, Norte de Santander, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de tres personas implicadas en un desfalco de 8 millones de dólares a la empresa minera Drummond Ltd durante los años 2013 y 2016. 

Paola Carolina Suárez Herrera, natural de Río de Oro, de ocupación administradora de empresas, es una de las señaladas de pertenecer a la banda que a través de un engaño defraudó el patrimonio económico de la multinacional. Así mismo, Melkis Pérez Rangel, ingeniero de sistemas y diseñador gráfico de 37 años, natural del municipio de El Carmen, y José Ignacio Delgado, exfuncionario de Drummond. 

Son procesados por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, acceso abusivo a un sistema informático, por una serie de irregularidades con los mantenimientos frecuentes de algunos aparatos, entre ellos volquetas, valoración de escaleras, actividades de soldaduras, compra de mangueras, tornillos y demás. Dentro del proceso estarían involucradas 14 personas más a quienes ya le interpusieron orden de captura. 

De acuerdo con lo dicho en la audiencia, dichas necesidades nunca existieron, por lo tanto, no entraron al patrimonio o al inventario físico de Drummond. Sin embargo, se pudo detectar que, a raíz del sistema de la multinacional, algunas personas del departamento de mantenimiento lideraron “dichas necesidades” y “se la pasaron al departamento de compra beneficiando a seis empresas de papel que pasarían a llamarse proveedores”.  

“Existían legalmente, pero nunca se logró verificar la existencia física de ellas, servía para defraudar el patrimonio económico de Drummond”, dijo el juez en medio de la audiencia.  

Según lo conocido, este grupo que se organizó para llevar a cabo esta actividad delictiva, crearon varios usuarios que eran manejados por varias personas como José Arturo Corpal Jaramillo, Luis Miguel Sánchez Arévalo, Miguel Antonio Celedón Castillo, y demás. Los usuarios llevaban a cabo los requerimientos y presuntas necesidades que podían establecerse para hacer las compras o mantenimiento por medio de las empresas. 

Las compañías, algunas llamadas Filtración y Mantenimiento del Cesar SAS, Industria Comercializadora Cesar SA, Ingeniería Especializada en Minas SAS y Cosmos del Cesar, supuestamente operaban en los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico, el corregimiento de La Loma de Calenturas, de El Paso, y Bosconia, Cesar. Funcionaban con órdenes de reparaciones, soldaduras y otras actividades que no hacían, pero sí recibían dinero por dichos trabajos. 

Al operar el grupo de mantenimiento hacia la necesidad y requisiciones y los de compra autorizaba e iban directamente al sistema de forma ilegal “porque eran objetos que no se necesitaban hacer mantenimientos porque existe en el protocolo de la compañía que cuando un elemento tiene más del 60 % de vida útil no hay que repararlo, sino que se debe hacer la compra”, manifestaron en la audiencia donde se dio a conocer que fueron emitidas más de mil órdenes. 

La audiencia de medida de aseguramiento en contra de los implicados fue suspendida y continuará este jueves 4 de abril a las 9:30 a. m.