Retenidos, así permanecieron tres funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, después de intentar practicar un procedimiento de inspección y vigilancia, en un predio sobre la rivera de la quebrada Torcoroma, a la altura del municipio de San Martín, sur del Cesar.

La denuncia fue instaurada en la Fiscalía General de la Nación, seccional San Martín, por la supuesta detención arbitraria de la que fueron víctima por trabajadores de la Concesión Minera FJ4-141 Mardoll.

En el documento reposa que el 29 de agosto, los contratistas de Corpocesar fueron a hacer una diligencia ordenada por la Oficina Jurídica de la entidad reguladora del medio ambiente, a los contratos de concesión localizados dentro de la quebrada Torcoroma pero fueron retenidos por más de 30 minutos por Jairo Velandia, quien se identificó como abogado de María Dolly Prada, beneficiaria del contrato de concesión minero Mardoll.

El director de Corpocesar, Julio Suárez Luna, durante una rueda de prensa, advirtió que los funcionarios hicieron la inspección técnica, pero después fueron encerrados en un predio.

“Fueron amenazados e intimidados por más de una hora. Hago el llamado a la Fuerza Pública para que nos acompañe a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, quienes adelantan sus funciones en aras de identificar a los infractores ambientales”, declaró Suárez Luna.

Dijo también que esta fue una denuncia hecha por la veeduría ciudadana de San Martín, que también se vio involucrada en la retención hecha el jueves anterior.

“La comunidad en su libre derecho de hacer vigilancia, en este caso una veeduría, puso en conocimiento a la Corporación Autónoma Regional, seccional Aguachica, y ellos fueron a atender el llamado que no les gustó el procedimiento a los propietarios del título minero. No les gusta que hagan el control”, recalcó Julio Suárez Luna.

Los funcionarios inmersos en la denuncia son dos ingenieros ambientales, especialistas en Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, además del conductor, identificados como Andrés Felipe Aguilar Durán, Alejandro Carrascal García y José Luis Pacheco Bautista.

El director de Corpocesar señaló que no es la primera retención a un grupo de la entidad, pues él fue víctima de una en inmediaciones del río Badillo en junio pasado.

“Esto se viene repitiendo cotidianamente. En el río Badillo sentí esa presión cuando fuimos a hacer control, trabajadores de los propietarios de algunos predios, con escopeta, no nos dejaban hacer nuestras funciones y nos tocó recurrir al Ejército para trabajar”, sostuvo Julio Suárez.