El problema se agudiza porque algunas instituciones de Chiriguaná no cuentan con las herramientas necesarias para la atención urgente.

Preocupante y alarmante. Son los dos adjetivos con los que algunas autoridades califican los casos de violación denunciados en Chiriguaná, Cesar.

Solo en los últimos 10 días, las autoridades registraron 3 denuncias de violaciones a menores de edad con amplias similitudes.

En el Hospital San Andrés de Chiriguaná se guarda registro de 22 casos durante el 2018, un promedio que no alcanzó los 2 casos por mes; Sin embargo, si se mantiene la tendencia de inicio de año a final del 2019 se habrá doblado el número de casos de violaciones denunciadas en el municipio del centro del Cesar.

Primero fue el pasado 23 de enero. Una familia de campesinos de la vereda Pacho Prieto, a media hora desde la zona urbana de Chiriguaná, denunció haber sido víctima de un robo por parte de un grupo de desconocidos.

No obstante, además del hurto de 2 motos, dos millones de pesos en efectivo, celulares, ropa, cuando procedían a huir dos de los delincuentes accedieron carnalmente a una de las menores de edad de la familia.

A los 3 días, otros dos padres de familia campesinos denunciaron que un desconocido violentó sexualmente a su hija, menor de edad. El hecho se volvió a presentar en la vereda Pacho Prieto.

Al ser en la misma zona y en días cercanos, algunos temen que se trate de una banda criminal organizada, otros señalan que los casos están relacionados con la aparición de una secta satánica.

Pero no fue todo. Cerrando la semana, el domingo 27 de enero, la población de Chiriguaná amaneció con la noticia de que las autoridades estaban investigando un posible caso de violencia sexual en el que un menor de 14 años era el victimario de una niña de 6 años.

LA “REVICTIMIZACIÓN” DE LOS MENORES

Además del calvario físico y psicológico que representa un abuso, el acudir a las instalaciones del Hospital San Andrés de Chiriguaná significa una revictimización de los menores por la carencia de medicamentos y personal especializado para su atención, según el personero de Chiriguaná, Pedro Peinado.

También llamada victimización secundaria, consiste en los sufrimientos a los que pueden ser sometidos los sobrevivientes de violencia sexual, los testigos y la familia por parte de las instituciones encargadas del proceso institucional.

En ese sentido, por medio de la Ley 1146 del 2007 el Estado determinó que en caso de abuso sexual los hospitales y centros de salud de carácter público están en la obligación de prestar atención médica de urgencia e integral a través de profesionales y servicios especializados.

En el Capítulo III, articulo 9 de la misma ley, se determina que se debe realizar el examen y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual adquiridas con ocasión del abuso.

La atención de urgencia a las víctimas es realizada con las herramientas que integran el Kit verde (kit de profilaxis pos-exposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual) en el cual cada centro de salud u hospital guarda los medicamentos necesarios para atender un caso de urgencia.

Sin embargo, dentro de la crisis financiera e institucional que sufre el Hospital San Andrés de Chiriguaná el kit no cuenta con los antirretrovirales suficientes para la atención urgente de las víctimas de violación sexual, denunció por medio de un comunicado el personero municipal. Los fármacos antirretrovirales son medicamentos antivirales específicos para el tratamiento de infecciones por retrovirus como, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

“Hasta donde ha llegado el deterioro del hospital que no tiene la principal medicina que debe ofrecerse a la víctima. Entonces, en vez de ayudarla, se está revictimizando a la persona. Lo que hacen es trasladarlas a Valledupar y alargar sus trámites, y le toca a la víctima volver a contar y repetir su historia ante personas que no conoce”, aseguró el personero.

En casos peores, aseguró Peinado: “Tienen a la persona ahí esperando una ambulancia para despacharla hacia Valledupar porque acá no le pueden ofrecer una pastilla que es mucho más económica que el transporte de la ambulancia”.

Pero la falta de pastilla no es la única denuncia. En el comunicado donde manifiesta su preocupación, señala que en el hospital tampoco cuentan con un psicólogo especialista de planta quien es el primer encargado de atender a la víctima según los protocolos.

LA URGENCIA DE UN GRUPO SECTORIAL

Sumado a las falencias del hospital, estos casos de violencia desvelaron la inexistencia de políticas públicas para prevenirlos o reaccionar. Por eso se citaron a las autoridades encargadas, Policía Nacional, Icbf, entre otras, para la formalización de un comité intersectorial que se enfoque en la atención de estos casos. “Tenemos que coordinar porque se detectó que no hay una hoja de ruta clara para intervenir estos casos. Aquí no puede haber impunidad”, complementó el personero.

DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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