Al igual que en el cuento de hadas de “Caperucita Roja”, registran en los últimos días las noticias en nuestro país, la existencia de un lobo feroz. Pero al contrario del cuento infantil con el que todos crecimos, que busca dejar una enseñanza en valores: obediencia y prudencia; el “lobo feroz” de la coyuntura, expresa la cara más oscura de la descomposición social colombiana.

El conteo va avanzando: 231, 253 ó 500, serían los menores violados y violentados por la “bestia feroz”, un escenario de especulaciones, donde las víctimas se convierten en un vulgar número y una escalofriante estadística. Y aunque no soy amiga de los sustantivos en términos de grosería, la palabra “porquería” en singular, describe con nombre propio la suciedad que se desecha de esta escoria social, que con su comportamiento criminal encontró en la niñez la posibilidad de materializar sus aberraciones. Según cifras de Medicina Legal, para este mismo periodo del año pasado, se habrían practicado más de 4.300 exámenes médicos a menores de edad, producto de denuncias sobre abusos sexuales: estamos hablando de casi 50 niños ¡agredidos sexualmente a diario! Y las cifras son constantes desde 2016. Los recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la materia nos han hecho nuevamente pensar, que en casos tan aberrantes como el que se presentó en nuestro país la semana pasada, estos mal llamados lobos no son ningunos enfermos mentales, sino verdaderos monstruos en riesgo latente de reincidir en el momento menos pensado.

Las especiales circunstancias socioeconómicas de nuestro país, convierten a la pobreza en el terreno apropiado para que estas “bestias” cobardes, con falsas promesas y engañifas, encuentren una y otra vez el espacio propicio para abusar de los menores. Pero al margen de la descomposición social, de la pobreza como caldo de cultivo para el abuso y del acto criminal mismo que implica violar o violentar a un menor de edad, la realidad es que nuestro Estado Social de Derecho, por más que lo intente esfuerzo tras esfuerzo, carece de políticas públicas claras, y de programas de Gobierno que las implementen efectivamente, cuando de nuestros niños se trata. Que la coyuntura permita una contundente sanción penal al victimario, mandaría un mensaje a la sociedad colombiana, para que, además de evitar abusar de nuestra niñez, como colectivo busquemos protegerla.

Si las recientes noticias no hacen reflexionar al Estado Colombiano en cuanto a la necesidad de verdaderas políticas de Estado y programas concretos, no meros enunciados constitucionales y legales, especialmente cuando de los más indefensos de nuestro país se trata, desafortunadamente seguiremos siendo testigos de nuevos abusos a menores de edad, a veces incluso de la forma más vil y dramática, como la recientemente divulgada en los medios, y que nos obligan a referirnos a su victimario en términos de “porquería” , y ya nunca más por su nombre de pila.