Durante una visita a Valledupar, el director de la Secretaría de Transparencia, Andrés Idárraga, reveló que se detectaron posibles irregularidades en la expedición de resoluciones dentro del programa de acceso y formalización de tierras, ejecutado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que podrían constituir en delitos como falsedad en documento público y omisión de deberes por parte de funcionarios públicos.
Según explicó el director, las denuncias recibidas alertaron sobre actos administrativos suscritos entre 2023 y 2025 que otorgaban beneficios de tierras a título gratuito a contratistas de la Agencia Nacional de Tierras en el Cesar, los cuales, según el Decreto Ley 902 de 2017, no cumplen con las condiciones de vulnerabilidad exigidas para acceder a dichos beneficios.
“Estamos hablando de personas que firmaron contratos con entidades públicas como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, la Unidad de Víctimas, el SENA, el DANE y Fonade. Algunas de estas contrataciones superan los 80 millones de pesos. Esto evidencia que no se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad”, explicó Idárraga.
