Por: Luis Rafael Nieto Pardo

Tal parece que el fenómeno traslacional ya no sólo se remite a la migración de los votantes en épocas  electorales, pues desde mucho tiempo a esta  parte se viene presentando el traslado intempestivo de funcionarios oriundos o arraigados en esta localidad.
Y al mismo tiempo la llegada masiva de personas venidas de otras regiones, delegadas o nombradas, para reemplazar o para ocupar las posiciones de los trasladados. De ninguna manera, estamos en desacuerdo con el derecho al trabajo de los que llegan, pero si se hace necesario tocar la alarma insistentemente,  ya  que de manera frecuente está en preocupante peligro, no sólo la seguridad jurídica, si no también la debida confianza que el conglomerado social tiene y debe tener en sus jueces, fiscales  y magistrados; y en términos generales en la administración de justicia.
A ello debemos agregar  lo  traumático que  resulta   para quienes se ven afectados por tales decisiones, todo lo que implica, no únicamente el trasteo como tal, sino además su desplazamiento del hábitat natural, la separación y distanciamiento de su familia  y amigos, y en especial de su hijos menores; a no ser, como excepcionalmente se ha dado, que dicho traslado sea consentido por el nominado u obedezca a otros intereses, ya  sean de carácter político, de salud o de seguridad personal.
Y en otros casos  de reciente acontecer, vemos con preocupación y a manera de ejemplo, el traslado de un fiscal seccional que hace apenas pocos días fue víctima de un millonario hurto  en  su residencia, a la cual  accedieron varios desalmados facinerosos, tras violentar un ventanal en la parte posterior de la misma aprovechando que el funcionario  había salido esa tarde de domingo a almorzar con su esposa y sus hijos.
Pero es que además, éstos funcionarios tienen y han tenido a su cargo delicados procesos, con amenazas incluidas, algunos ya fallados y otros en procesos de judicialización y juzgamiento; los cuales, quien lo creyera, tienen que surtir nuevamente un proceso embrionario, o lo que equivale a decir en lenguaje figurado, que sufrirán esos casos, tal como el óvulo de las fanerógamas y que representa el prótalo femenino, una doble fecundación, porque quien llega tendrá que nutrirse leyendo el contenido de las carpetas, y durar horas y horas escuchando los audios para desarrollar el núcleo secundario (figurado) de la o las investigaciones que ya su antecesor tenía adelantado.
Es por todo ello que, sin ánimo de herir susceptibilidades, y menos de polemizar con nadie (ese no es nuestro estilo ni nuestro propósito); y lo único que procuramos sanamente , es que , los funcionarios encargados de realizar tales movimientos (sobre todo si son foráneos) revisen detalladamente cada caso  antes de tomar sus decisiones, pues muchas veces está de por medio el bienestar, cuidado y protección de los hijos menores de edad, que requieren de la protección, del cariño, del afecto y el amor de sus progenitores, valga la redundancia.
Y no se crea que esto sólo sucede en nuestro medio judicial; ya que, también como aquí, no únicamente se producen traslados a otras plazas, sino que también, de la noche a la mañana, los funcionarios, sin que exista razón aparente (y es lo que pone en riesgo , no solo la seguridad jurídica, sino también la credibilidad y confianza en la administración de justicia ), se decide el cambio de un juez, fiscal  o magistrado a otro cargo o a otro despacho distinto al que venía ocupando; y ello, sin lugar a dudas, no muy pocas veces, deja un amargo sabor y despierta conjeturas.
Tal es el caso sucedido en el transcurso de la presente semana, en donde, por decisión de la directora seccional de fiscalías de Barranquilla, varios funcionarios fueron reubicados, bien en otras unidades o en otros despachos en esa ciudad. De estos movimientos no tan claros, el que más revuelo, comentarios y murmullos ha causado, lo ha sido el que recayó en el fiscal 35 de la unidad de vida, Dr. Gerardo González Llinás, quien, entre otros casos, adelantó la investigación que produjo la condena de 45 años y 10 meses contra el empresario Samuel Viñas Abomohor por el homicidio de ex esposa Clarena Piedad Acosta Gómez; siendo lo peor del asunto,  que el caso concreto, tal y como aquí viene sucediendo,  en tales decisiones no se expresan razones de ninguna índole razonable; y como si se tratara de una radiografía de lo que acá también acontece, le delegan la responsabilidad de tal despacho al Fiscal 36 quien venía desempeñándose en la unidad de “patrimonio económico ” (que tal esa)?
Resulta muy cierto (pero no serio), que tales “revolcones” como lo llamaron allá, son facultades de la Dirección de Fiscalías, pero, no es menos cierto (igual allá se dice) que por sanidad procesal y para evitar posibles suspicacias, los funcionarios involucrados en tales asuntos, debieran terminar los casos  que, precisamente, no han terminado.    Acontece, al igual que aquí, que aquella condena esta apelada  por la defensa del empresario; lo mismo que  lo está la sentencia condenatoria en el caso del ex diputado  (q.e.p.d)   Gabriel Rodríguez Gutiérrez; y no es  lo mismo que la responsabilidad quede en un funcionario que ignora intimidades de las investigaciones.