El Establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, también llamada ‘Tramacúa’, hace parte de las seis penitenciarias a nivel nacional en las que se denunciaron precarias condiciones de higiene, hacinamiento y salubridad a la que eran sometidos internos de esos penales.

‘La Tramacúa’, la Cocuc de Cúcuta; La Modelo de Bogotá; Bellavista de Medellín; San Isidro de Popayán y la de Barrancabermeja, son las cárceles de donde provinieron nueve tutelas presentadas por internos, que examinaron los magistrados de la Corte Constitucional que pusieron un plazo al Gobierno Nacional para garantizar los derechos fundamentales no sólo de los presos de estas penitenciarías, sino de todo el país.

El ultimátum por crisis carcelaria se produjo de los reclamos de los internos que dicen que continúa la situación crítica, por lo que el fallo constitucional advierte que el escenario es tan grave que no aguanta más aplazamiento.
Los testimonios de los reclusos del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, fueron fundamentales para la sentencia. En la denuncia, los internos dieron a conocer que el servicio de agua solo llegaba a los dos primeros pisos del penal y que tenían que pagar mil pesos para comprar baldes sucios con los que se bañaban y hacían aseo los internos de los demás pisos.
Los internos de la penitenciaría ubicada en la capital del Cesar indicaron que son sometidos a malos tratos y torturas. Al parecer, hay restricción de servicios de salud y saneamiento básico, limitaciones en la comunicación y está prohibido el uso de ventiladores y, sobre todo, de sistemas de aire acondicionado.

En la denuncia de los internos quedó registrado que algunos de ellos reciben sus comidas en bolsas plásticas o en su defecto, en tarros de gaseosa. También, existe reporte de comida entregada en estado de descomposición.
El defensor del Pueblo, regional Cesar, Omar Contreras, dijo que solicitará a Salud Municipal y Departamental una visita para que emitan un informe que dé como resultado la evolución del saneamiento en materia de alimentos, dado que en un informe anterior se encontraron rastros de heces fecales en los alimentos.

El Tribunal cuestionó que a pesar de las decisiones favorables de los internos, las autoridades no cumplan con las órdenes judiciales, tal como sucedió en el fallo de la Corte sobre la cárcel La Tramacúa en octubre de 2014, donde dio un plazo para solucionar el problema sanitario de más de 1.500 reclusos.

El fallo advierte que si las medidas no empiezan a garantizar los derechos fundamentales de los presos, en tres años esos penales serán cerrados. Además pidió evaluar si en dichas cárceles se conserva la memoria de las tragedias que ocurrieron en esas edificaciones.
El Defensor Regional del Cesar especificó que dará directrices a los funcionarios de la entidad para efecto de empezar a revistar los informes e iniciar con el tema de salud. Además, dijo que programará una visita a la cárcel para brindarle a la Corte Constitucional los elementos de juicio para que tomen una decisión final de si se cierra temporalmente o totalmente esta cárcel de alta y mediana seguridad”.

La orden
El Alto Tribunal ordenó a la Procuraduría y Defensoría hacer una visita al este establecimiento y verificar la situación, que de persistir, se dará un plazo al penal de 48 horas para que empiece a solucionar dicho acontecimiento.
El Tribunal también dio un nuevo plazo, de 15 días, en donde se informe cuál fue el plan de choque que se puso en marcha para el cumplimiento del fallo.
La Corte ordenó al Gobierno Nacional que, a través del Ministerio de Justicia y el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), convoque al Consejo Superior de Política Criminal para que examine el tema y tome medidas para empezar a enfrentar las violaciones a los derechos fundamentales de los internos.
La Corte señaló que los internos no pueden estar hacinados, ni sometidos a temperaturas extremas y deben tener acceso a los servicios públicos, de salud, alimentación adecuada y suficiente, porque, según la entidad, toda persona tiene el derecho constitucional a estar privado de la libertad en condiciones respetuosas de un mínimo vital en dignidad.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
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