En Valledupar la marcha arrancó en la glorieta La Ceiba, hizo su recorrido por la calle 16 y culminó en la plaza Alfonso López. Mientras que en el municipio de La Jagua de Ibirico se realizó en el parque principal.
Los trabajadores del sector minero en el departamento del Cesar protestaron contra la reforma tributaria planteada por el presidente de la república Gustavo Petro Urrego. Los municipios de La Jagua de Ibirico y Valledupar fueron los escenarios de la movilización social.
En esta capital, la marcha arrancó en la glorieta La Ceiba, hizo su recorrido por la calle 16 y culminó en la plaza Alfonso López de Valledupar, donde se agolparon cerca de 300 personas entre empleados de las compañías mineras, familiares y amigos.
Según los quejosos la reforma tributaria, radicada el pasado 8 de agosto de 2022 en el Congreso de la República, podría afectar la generación de empleo, especialmente en los municipios del corredor minero como La Jagua de Ibirico, El Paso, Chimichagua, Codazzi y Becerril, afectando aproximadamente a 200.000 habitantes que dependen de la explotación del carbón.
Milciades Rafael Suárez Niño, gerente Msa Energy contratista Drummond, manifestó que las empresas mineras, contratistas y subcontratistas desean una transición energética “sostenible” y “responsable”.
“Nosotros no cuestionamos la transición energética, pero sí decimos que debe hacerse de una forma responsable, sostenible y no poniendo más impuestos a las exportaciones del sector carbonero y de hidrocarburos, puesto que, estas empresas mineras que están en el Cesar y La Guajira se irían, por ende, los más afectados con las pérdidas de empleo vamos a hacer las comunidades de estos departamentos”, dijo Suárez Niño.
Por su parte, Jaider Fabian Ramírez, trabajador de la empresa Drummond, señaló que 52.000 familias que dependen de la compañía están en riesgo de perder su sustento económico.
“Todo lo que afecta a la empresa cae sobre nosotros los empleados, por lo tanto, si llegase a irse de Colombia muchas familias quedarían sin su fuente principal de empleo”, sostuvo Ramírez.
Entre tanto, Raúl Pava, otro trabajador de Drummond, sostuvo: “La reforma va a castigar al pueblo en el costo de vida, en las regalías y pérdidas de empleo”.
A su turno Luz Vega, empleada, calificó la reforma tributaria como una “destrucción” para el progreso de la región. Mientras que Yorley Villarreal, esposa de un trabajador de la empresa minera, aseveró que la reforma acarrea un impacto negativo al progreso de su familia.
“Mi esposo tiene más de 20 años de estar trabajando en Drummond y hemos visto el progreso en mi familia por los beneficios que esta empresa nos ha otorgado, por eso, marchamos contra la reforma tributaria”, acotó Villareal.
Cabe resaltar que en el departamento del Cesar, en los últimos cinco años, la minería ha representado el 35,1% de su PIB; asimismo, los recursos de regalías representan cerca del 20% del presupuesto total en el Cesar y parte del Magdalena.
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, mostró su rechazo contra las marchas de los trabajadores de las compañías mineras en Cesar y La Guajira, al parecer, por no representar el interés colectivo.
“Apoyamos la reforma tributaria que plantea el gobierno de Gustavo Petro a todos los colombianos, por eso, no participamos de las marchas porque para nosotros la invitación de las empresas multinacionales no va a corde con el interés colectivo de los trabajadores”, aseveró Igor Díaz López, fiscal nacional de Sintracarbón.
De acuerdo con Díaz López, la reforma tributaria propone planteamientos de justicia y equidad para los colombianos. “Se ha planteado que aquellos que más ganen, quienes más ganancias operacionales tengan, refiriéndonos a las empresas, deben pagar más, y creemos que es lo justo”, añadió el vocero de Sintracarbón.
Finalmente, el fiscal nacional de Sintracarbón, Igor Díaz López aclaró que respetan el derecho a la protesta de las personas que salieron a marchar contra la reforma tributaria.
“Estas marchas son incentivadas por el personal administrativo de mayor rango en las empresas mineras porque creen que la reforma tributaria les afecta sus bolsillos, y claro que les afecta porque las grandes ganancias de los administradores en Cerrejón no se compara con quienes hacemos las labores de obrero en el rol diario de la empresas”, acotó Díaz López.
KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN
@karenperezcol
En Valledupar la marcha arrancó en la glorieta La Ceiba, hizo su recorrido por la calle 16 y culminó en la plaza Alfonso López. Mientras que en el municipio de La Jagua de Ibirico se realizó en el parque principal.
Los trabajadores del sector minero en el departamento del Cesar protestaron contra la reforma tributaria planteada por el presidente de la república Gustavo Petro Urrego. Los municipios de La Jagua de Ibirico y Valledupar fueron los escenarios de la movilización social.
En esta capital, la marcha arrancó en la glorieta La Ceiba, hizo su recorrido por la calle 16 y culminó en la plaza Alfonso López de Valledupar, donde se agolparon cerca de 300 personas entre empleados de las compañías mineras, familiares y amigos.
Según los quejosos la reforma tributaria, radicada el pasado 8 de agosto de 2022 en el Congreso de la República, podría afectar la generación de empleo, especialmente en los municipios del corredor minero como La Jagua de Ibirico, El Paso, Chimichagua, Codazzi y Becerril, afectando aproximadamente a 200.000 habitantes que dependen de la explotación del carbón.
Milciades Rafael Suárez Niño, gerente Msa Energy contratista Drummond, manifestó que las empresas mineras, contratistas y subcontratistas desean una transición energética “sostenible” y “responsable”.
“Nosotros no cuestionamos la transición energética, pero sí decimos que debe hacerse de una forma responsable, sostenible y no poniendo más impuestos a las exportaciones del sector carbonero y de hidrocarburos, puesto que, estas empresas mineras que están en el Cesar y La Guajira se irían, por ende, los más afectados con las pérdidas de empleo vamos a hacer las comunidades de estos departamentos”, dijo Suárez Niño.
Por su parte, Jaider Fabian Ramírez, trabajador de la empresa Drummond, señaló que 52.000 familias que dependen de la compañía están en riesgo de perder su sustento económico.
“Todo lo que afecta a la empresa cae sobre nosotros los empleados, por lo tanto, si llegase a irse de Colombia muchas familias quedarían sin su fuente principal de empleo”, sostuvo Ramírez.
Entre tanto, Raúl Pava, otro trabajador de Drummond, sostuvo: “La reforma va a castigar al pueblo en el costo de vida, en las regalías y pérdidas de empleo”.
A su turno Luz Vega, empleada, calificó la reforma tributaria como una “destrucción” para el progreso de la región. Mientras que Yorley Villarreal, esposa de un trabajador de la empresa minera, aseveró que la reforma acarrea un impacto negativo al progreso de su familia.
“Mi esposo tiene más de 20 años de estar trabajando en Drummond y hemos visto el progreso en mi familia por los beneficios que esta empresa nos ha otorgado, por eso, marchamos contra la reforma tributaria”, acotó Villareal.
Cabe resaltar que en el departamento del Cesar, en los últimos cinco años, la minería ha representado el 35,1% de su PIB; asimismo, los recursos de regalías representan cerca del 20% del presupuesto total en el Cesar y parte del Magdalena.
Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, mostró su rechazo contra las marchas de los trabajadores de las compañías mineras en Cesar y La Guajira, al parecer, por no representar el interés colectivo.
“Apoyamos la reforma tributaria que plantea el gobierno de Gustavo Petro a todos los colombianos, por eso, no participamos de las marchas porque para nosotros la invitación de las empresas multinacionales no va a corde con el interés colectivo de los trabajadores”, aseveró Igor Díaz López, fiscal nacional de Sintracarbón.
De acuerdo con Díaz López, la reforma tributaria propone planteamientos de justicia y equidad para los colombianos. “Se ha planteado que aquellos que más ganen, quienes más ganancias operacionales tengan, refiriéndonos a las empresas, deben pagar más, y creemos que es lo justo”, añadió el vocero de Sintracarbón.
Finalmente, el fiscal nacional de Sintracarbón, Igor Díaz López aclaró que respetan el derecho a la protesta de las personas que salieron a marchar contra la reforma tributaria.
“Estas marchas son incentivadas por el personal administrativo de mayor rango en las empresas mineras porque creen que la reforma tributaria les afecta sus bolsillos, y claro que les afecta porque las grandes ganancias de los administradores en Cerrejón no se compara con quienes hacemos las labores de obrero en el rol diario de la empresas”, acotó Díaz López.
KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN
@karenperezcol