En nuestra región, uno de cada cuatro cesarenses es víctima del conflicto armado. Es el 25  % de la población de este departamento, que incluye la de diferentes edades, que por años ha sufrido los embates de una violencia generada por los grupos armados. Ora por las guerrillas de las FARC y el ELN, como vertiente de la obtusa izquierda; ora por las absurdas autodefensas, como extensión de una derecha extrema.

Según las cifras que maneja la territorial Cesar – La Guajira de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas, que en esta porción de Colombia representa Víctor Mosquera Galvis, de Pailitas y quien hoy conoce los efectos de la violencia en carne propia por el secuestro de su suegro a manos presuntamente del ELN, que acosa la tranquilidad del centro y sur del Cesar, y por la triste historia sangrienta de su natal terruño, serían no menos de 370 mil las víctimas con registro oficial en la jurisdicción.

Los hechos victimizantes son el secuestro, el desplazamiento forzado, el homicidio y la desaparición, entre otros, que han dejado el accionar de esos actores armados. La  ley 1448 de 2011 creó en Colombia un marco completo y un sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país y, sumado al proceso de paz adelantado por el gobierno Santos, definen una política de Estado en la que confluye la institucionalidad, para resarcir aquel descuido que permitió ese mismo Estado y que como mandato y obligación, los gobiernos deben atender como quedó claro con la prórroga hace un año de la vigencia de la ley.

Nuestra violencia no fue racial ni tribal como sí se presentó en África, por ejemplo. Ella correspondió a una lucha política armada, desdibujada por la combinación con el narcotráfico, como fuente de financiación.

En ese esfuerzo, la Unidad de Víctimas acaba de culminar la Semana de la Inclusión y la Equidad con un conjunto de acciones que brindaron un marco de presencialidad y restitución de cara a resarcir el daño ocasionado, que no borrar las huellas que dejó esa violencia, pero que sí ayuda a transformar el modo de vida, con ayudas económicas, procesos de reparación individual y colectiva, en especial para comunidades étnicas como los pueblos arhuaco, kankuamo, negritudes, grupos diversos y en especial mujeres cabeza de hogar.

La llegada del covid-19 retrasó un poco esos planes de reparación, pero nunca cerró las puertas de los centros de atención, y las acciones, todas concertadas con autoridades étnicas, consejos comunitarios y las mesas nacionales, departamentales y municipales de víctimas.   

En medio de la pandemia el Gobierno nacional giró recursos para el pago de indemnizaciones por más de $92 mil millones para más de 11.300 víctimas en la región. Este se entrega con el componente de capacitación de inversión adecuada de los recursos, con lo que se busca que este año se haya brindado asistencia psicosocial a más de 1.300 víctimas y apoyado a más de 150 iniciativas de emprendedores con fortalecimiento en el emprendimiento.

De otro lado, no debemos bajar las demandas para que los victimarios también  reparen  a las víctimas. Un dato no menor: todos los trámites, reclamaciones y gestiones de los ciudadanos o víctimas ante la Unidad, no tienen costo alguno y no hay tramitadores. No se deje embaucar, todos los servicios son totalmente gratuitos.