Por: Basilio Padilla

Una de las prerrogativas de nuestro sistema democrático es que nos da la libertad para opinar, incurriendo en muchas ocasiones en una interpretación distinta a la que determinado objetivo se propone. En el caso del sector salud y el TLC, estas interpretaciones han sido múltiples, pero que al fin y al cabo debemos atenernos a los temas de mayor discusión y al mismo tiempo ser un buen interprete de lo que ocurrirá con este tratado bilateral entre Colombia y los EE.UU. Antes de la aprobación del tratado el gobierno nacional y más específicamente el ministro de Comercio, Industria y Turismo Jorge Humberto Botero y el jefe del equipo negociador Hernán José Gómez, de esa época, fueron enfáticos en el hecho de que “los intereses de la salud pública prevalecen sobre los intereses comerciales”. Las mismas declaraciones fueron dadas por el presidente Uribe, agregando la siguiente declaración “La verdad es una cosa: la lucha de los gobiernos por los medicamentos es una lucha permanente, haya o no haya TLC”. La discusión más importante hoy, se enfoca en el impacto que pueda tener el acceso de los colombianos al sistema de medicamentos, restricción de patentes y patentes a funciones secundarias. El efecto sobre el acceso de la población colombiana a los medicamentos, si no es compensado por un aumento correspondiente de los recursos financieros del sector, podría afectar hasta un 30% al sector de la población asegurada. En el caso de la población no asegurada, el efecto del aumento de costos implicaría no lograr acceso para tratar enfermedades con consecuencias negativas para un sector de la población. Estudios han mostrado que este escenario se podría dar para medicamentos más exóticos como retrovirales y otros que tratan enfermedades como el SIDA y drogas anti cáncer mucho más costosas y restringidas en los EE.UU. Va a primar la importancia de la salud pública y la habilidad del gobierno en proteger la población entera y el establecimiento de patrones de protección a la propiedad intelectual de los grandes monopolios farmacéuticos.

El TLC, factor salud, abre un sinnúmero de posibilidades a ambos países que tiene que ver con los siguientes elementos: ventas de seguros privados en ambos países, turismo de salud, como el que ya se ha visto en Latinoamérica que tiene que ver con cirugías estéticas y odontología en general; normalización y estandarización de algunos servicios; intercambio de servicios de profesionales autorizados; facilitación de servicios especializados que no se ofrezcan en ciertos lugares; entrenamientos de profesionales de la salud en aras de aprendizaje y estandarización de servicios; manejo de lenguajes comunes, especialmente en el área de fármacos y finalmente, acabar con el comercio arancelario de equipo médico, lo cual nos haría participar en la tecnología médica sin los estratosféricos precios de importación, costos estos que se le pasan a las aseguradoras y por ende al consumidor. Ninguno de estos factores es claro y definido y la experiencia adquirida de otros países no han demostrado cambios profundos en la forma de entrega de salud. La liberalización del comercio de servicios sociales ofrece a los consumidores de estos una amplia variedad de posibilidades de elección, a precios más bajos. Esto es vital para todas las economías, incluidas las emergentes, que por las limitaciones de sus recursos deben encontrar las maneras más eficientes de garantizar el acceso de sus ciudadanos a una amplia variedad de servicios de atención de la salud y otros anexos. Lo cierto es que con TLC o no, internamente ya afrontamos una situación de crisis en cuanto a los servicios médicos se refiere que lo hacen imperativo que trabajemos en dos frentes con objetivos claros: mejorar el sistema y al mismo tiempo adoptar lo mejor que se pueda del TLC.