Lo que sigue sucediendo en Venezuela es aterrador. Infortunadamente, la comunidad internacional democrática continúa adoptando una actitud que está lejos de corresponder al cumplimiento de los deberes que tiene. No se trata de responsabilidades imaginarias. Todas ellas están contempladas en los distintos instrumentos jurídicos que han sido suscritos por el mundo libre.

Sin embargo, lo que ha predominado es la falta de acciones decididas, a cuya realización están obligados los estados que firmaron, de manera voluntaria, esos convenios. Las evidencias sobre la ruptura del orden institucional son aplastantes. El desconocimiento de la independencia de los poderes, y su concentración en cabeza del ejecutivo, tiene pruebas suficientes.

Usar, descaradamente, la justicia como herramienta de persecución política es tan aberrante, que son numerosos los casos de presos por opinar y actuar en defensa de la libertad de expresión y pensamiento.
La situación es de tal gravedad que, a manera de ejemplo, un profesor de la universidad de Harvard, economista brillante y exministro de planificación de Venezuela, Ricardo Hausmann, pidió “considerar la posibilidad de una intervención militar internacional, avalada por el parlamento, para sacar del poder al chavismo”, en esa hermana república.

Es que cuando, según lo señala el propio Hausmann, “el precio de un kilo de carne equivale a más de una semana de trabajo remunerado al sueldo mínimo”, se ha llegado a una situación insostenible desde el punto de vista político, económico y social.

Por esa razón, la desesperación conduce a actores responsables a presentar iniciativas de emergencia dentro del marco de la institucionalidad, ante la imposibilidad, demostrada por los hechos, de que el régimen permita la celebración de elecciones libres.

Una de esas propuestas acude a plantear el ejercicio de las funciones de la asamblea nacional, a fin de destituir a Maduro y nombrar, con base en la Constitución, un nuevo gobierno, que procedería a pedir apoyo militar de una coalición de países amigos.

La profundidad de la crisis lleva a buscar caminos extraordinarios y posibles, dentro de linderos institucionales.

Llegar a una espiral hiperinflacionaria, que registró el 3.000 % a finales de 2017, y puede, de conformidad con la visión de varios expertos, acelerarse, en 2018, a una tasa entre el 5.000 % y el 30.000 %, da lugar a un escenario alarmante.

Por otra parte, economistas indican que, de persistir el ritmo de incremento de los precios, la capacidad adquisitiva de los venezolanos podría “caer en un 50 % de un mes al otro y luego quedar reducido en solo un 25 % del total inicial”.

La realidad de nuestro hermano país es catastrófica. Y puede seguir produciendo consecuencias aún más duras y desafiantes, si el rumbo sigue siendo el mismo. El primer paso en la dirección de cambiar las cosas es ponerle fin al régimen oprobioso de Maduro. La oposición democrática, los venezolanos que reclaman poder elegir el gobierno que deseen, los ciudadanos cuyo afán es que haya pronta y cumplida justicia, los emprendedores en busca de condiciones para crear empresa, los inversionistas que necesitan reglas de juego estables, los trabajadores cuyo futuro depende del nacimiento de más compañías formales, en fin, todos los que sueñan con vivir y trabajar tranquilos, necesitan de la solidaridad y el apoyo real del mundo democrático.

Ese respaldo no puede ser retórico, debe concretarse. En el caso de Colombia, tiene que traducirse en liderazgo internacional para construir una gran coalición internacional y democrática que respalde pasos de urgencia, dentro de la institucionalidad, como los que aquí se comentan. El tirano Maduro tiene que salir.