El problema de los indígenas no es tan simplista como muchos lo quieren presentar; desde el grito de Rodrigo Triana, la tierra, algo que ya nadie podrá fabricar al decir de alguien, su tenencia se volvió un símbolo del estatus social. Hoy, el 1% de los propietarios es dueño del 81% de la tierra (censo agropecuario) y Colombia es el país de Latinoamérica más desigual desde la ruralidad. Indígenas y campesinos, desde los resguardos de la colonia, han sido despojados y desplazados de su heredad; en los últimos años, más de seis millones de campesinos e indígenas han abandonado sus territorios huyéndole a la muerte. Pero el Cauca es la cereza del ponqué.

Aquí, el despojo ha sido histórico sobre territorios ancestrales por parte de un reducido número de familias. Incluso, según la ONIC, tierras indígenas han sido entregadas a multinacionales para monocultivos. Aquí la concentración de la propiedad rural es alarmante y el Gini es de 0.9. El Cauca con Chocó, La Guajira, Córdoba y el Cesar, marcan los peores indicadores sociales del país. Con el agravante de que solo el 3% de su tierra es fértil y solo el 2% es apto para ganadería extensiva. El 20% de los caucanos son indígenas y ocupan un territorio de similar proporción, unas 586.000Ha, de las cuales 352.000Ha son reservas forestales, páramos o improductivas, quedándoles solo 234.000Ha para su quehacer. Si su población es de 283.000 personas (actualizado a 2018), la tenencia de la tierra para los indígenas es de 0.83Ha per cápita, en promedio 3.3Ha por familia, más, algunos dicen con sesgo que en el cauca los únicos latifundistas son los indígenas. El censo agropecuario dice lo contrario: el 0.2% de propietarios tienen el 60.2% de la tierra, con extensiones superiores a 1.000Ha. Las etnias milenarias, eran dueñas absolutas de estos territorios, hoy, ya no tienen nada, en el Cauca las encomiendas siguen vivas; es inaudito, en los POT de Piendamó y Caldono es prohibitiva la venta de tierras para indígenas. Sus reclamaciones son atávicas y acumulan muchos incumplimientos oficiales; ahora dicen que sus pretensiones son ideológicas pero es una obsesión de los encomenderos. Diferentes gobiernos han hecho 65 compromisos con estos indígenas pero solo en 63 han tenido respuesta.

En 2005, Álvaro Uribe se comprometió con el CRIC a adquirir 7.000Ha para los resguardos del Cauca, no cumplió pese a ser un mandato constitucional, el artículo 64 de nuestra constitución, así lo dice. Algunos funcionarios del gobierno han dicho que en los últimos cuatro años (2015-2018), el SGP les ha girado más de $800 mil millones a los resguardos; eso no es cierto, y además, ahora les quieren pedir cuentas sobre su distribución que no están obligados a rendir tal como lo establece la ley 1152/2007 que rige la administración de los recursos del SGP por parte de las etnias. Consulté con el DANE-SICODIS, y en ese parámetro de tiempo solo les asignaron $139.214,7 millones distribuidos en 100 resguardos, equivalentes a $1.392,1 millones por resguardo, menos de $500.000 per cápita. Mejor le fue al Cesar porque en igual periodo le giraron $27.076,7 millones para 11 resguardos, $2.461,5 millones por resguardo, casi el doble que al Cauca. Nos complace que hayan llegado a un nuevo acuerdo entre el gobierno y los indígenas aunque Duque aún no ha firmado nada. Ojalá, no haya necesidad de otra Minga.