En un entorno de mayor presión tributaria y financiera, la visibilidad sobre los gastos se está convirtiendo en una ventaja competitiva.
Todas las inversiones, por muy seguras que sean, tienen un riesgo.
El agua, un recurso cada día más escaso, es un bien común que satisface una necesidad vital, por eso el acceso a ella es un derecho que el Estado está obligado a garantizar y para que así sea debe asumir su manejo y administración con criterios de eficiencia máxima, responsabilidad social y sin ánimo de lucro.
