La idea es garantizar la vida y protección de las personas que defienden los derechos humanos en los territorios donde estos fueron vulnerados por grupos al margen de la ley, propiciando espacios para empresas, sociedad y autoridades.
Aunque ya han pasado más de doce meses desde la firma de los acuerdos de paz, las constantes amenazas y hostigamientos que sufren los líderes sociales de las distintas regiones del país.