La exsecretaria de Inclusión Social, Cultura y Deporte seguirá vinculada al proceso.
De acuerdo con Villalobos, la Procuraduría lo investiga por, presuntamente, haber arrendado la sede donde funcionaba Corpocesar sin el cumplimiento de los requisitos.
La decisión surgió por un oficio del alcalde Iván Caamaño, en el que acusaba a la entidad departamental de faltar a la imparcialidad y objetividad a la hora de investigarlo.
La Fiscalía determinó que de los 23 contratos realizados para la obtención de kits de mercado solamente en siete de estos se evidenció un detrimento patrimonial de $505.108.582.
En redes sociales los comentarios de decenas de habitantes de La Paz dejan entrever la preocupación por la forma en que se están administrando los recursos y desarrollando las obras en la localidad.
Estos son algunos de los 20 hallazgos con incidencias penales documentados por la Contraloría en el marco de la auditoría
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La veeduría Jaine Mora cuestionó algunos procedimientos jurídicos que, al parecer, estarían en contra de las normas del proceso contractual de la obra.
El adagio que reza: ‘Muchos de los últimos serán los primeros’ podría caracterizar la convocatoria por mérito que recientemente vivió el departamento mediante la Comisión Nacional del Servicio Civil, ‘donde quedó en evidencia la manera cómo tratan de beneficiar a los actuales contratistas de la Gobernación del Cesar’, según las fuentes y documentos consultados.
Al cierre de la jornada electoral, la Procuraduría recibió 94 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral en el país.
Los subsidios para el pago de la tarifa de aseo, acueducto y alcantarillado del municipio de Curumaní son distintos a los aprobados por el Concejo Municipal, lo que pudo ocasionar un recargo económico más alto para la comunidad en el año 2020.
El exfuncionario era requerido por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documentos públicos, prevaricato por omisión y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.
Para el lunes en la mañana estaba programado el debate de control político citado por once concejales a tres funcionarios de la Alcaldía de Valledupar por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato. El recinto amaneció con el aire dañado y a las ocho de la mañana se fue el servicio de luz.
Por daño causado al patrimonio del estado, mediante el fallo proferido la Gerencia Departamental del Cesar, con Responsabilidad Fiscal en primera instancia y confirmado en segunda instancia, la Contraloría General, logró recuperar este año la suma de $86,9 millones