Este recurso jurídico se constituyó en una herramienta de gran valía para hacer respetar derechos ciudadanos vulnerados y para obligar a la administración pública a prestar servicios que de otra manera se deniegan. Son muchos los colombianos que sólo a través de la tutela han logrado atención en salud, educación, servicios públicos o han exigido indemnizaciones por la atención ineficiente de necesidades vitales.