El abogado Jorge Naín Ruiz Ditta analiza la controversia surgida tras la decisión de una representante a la Cámara de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro dentro de un proceso disciplinario. El autor sostiene que la medida desconoce el fuero presidencial consagrado en la Constitución y plantea un debate sobre los límites jurídicos de las autoridades investigativas.
La funcionaria fue enfática en afirmar que la sanción disciplinaria es indispensable para el ordenamiento jurídico, por lo que “los funcionarios no pueden exonerarse por medio de un fuero insoslayable que signifique impunidad”.
Nuestra Constitución Política autoriza a que el Presidente de la República pueda ser investido de poder legislativo por parte del parlamento durante seis meses para que determinadas materias puedan ser tratadas mediante decretos extraordinarios con fuerza de leyes.
La propuesta no solo ha generado controversia por el supuesto “mico” con el que, al parecer, se busca blindar a los congresistas de manera que solo puedan ser capturados en caso de que la Cámara de Representantes o el Senado así lo aprueben.
