En el escrito también sostiene que la transferencia de funciones a miembros de la Policía, sin la existencia de un convenio para la aplicación de las medidas, podría configurar irregularidades, e incluso menciona la figura de prevaricato por acción.
La demanda fue presentada por el abogado Belisario Jiménez Lúquez, quien argumentó que se registraron actos que dan mérito para declarar la nulidad
