En el Cesar, la implementación no debe esperar a la próxima visita del Ministerio del Trabajo ni al primer proceso judicial. Debe comenzar en la gerencia, traducirse en decisiones operativas y quedar respaldada por evidencias. Esa será la diferencia entre reaccionar ante la reforma o estar realmente preparados para ella.
La jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene la función general de controlar la legalidad de los actos expedidos por las autoridades. Ante ella se tramitan, entre otros, los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.
