Una de las noticias que más generó repudio a nivel local, nacional e internacional fue el nefasto caso de la Clínica Laura Daniela de Valledupar, con el supuesto suministro de medicamentos adulterados que habría generado la muerte de alrededor de 16 recién nacidos que padecían de problemas respiratorios.
La muerte de 16 neonatos en la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A, a mediados del año 2016 e inicios del 2017, por la aplicación, al parecer, de un lote fraudulento del medicamento Survanta, desencadenó una serie de reacciones en la capital del Cesar, que no solo puso bajo la lupa las actuaciones de los entes de control en salud a nivel departamental sino que también generó una serie de actividades procesales aún sin culminar.
Recientemente, por este caso este medio de comunicación conoció que existen más denuncias en contra de este centro asistencial, investigado por varios organismos de control.
El abogado Luis Eduardo Avendaño Gamarra precisó que que tiene a la fecha 14 procesos más, de padres de familia que aducen que sus hijos murieron en el centro médico por las mismas circunstancias.
“Cuando salió a la luz pública toda las inconsistencias relacionadas con los 16 bebés, posteriormente recibí 14 denuncias contra la entidad, en las que igualmente se realiza un proceso de recolección de información con muchas dificultades, porque algunas instituciones se han rehusado a entregarla”, dijo el jurista especialista en Derecho Administrativo.
Con la premisa de encontrar evidencias que establezcan la responsabilidad de la clínica con la muerte de los neonatos, tanto las autoridades como los afectados investigan independientemente el caso.
Por tal razón, la defensa de las víctimas, a cargo de Avendaño, a través de un derecho de petición solicitó el anterior 21 de septiembre a la Clínica Laura Daniela notificar el índice de mortalidad de los neonatos entre el año 2014 al 2017, al interior de sus instalaciones; recibiendo como respuesta el 28 de septiembre que no sería propició dar a conocer los datos requeridos.
De acuerdo con la defensa, el recurso lo instalaron porque “tienen conocimiento que de los casos presentados en el centro asistencial entre esa línea de tiempo requerida superarían uno 200 casos de muertos”, explicó Avendaño, quien advirtió además que en las investigaciones que viene realizando desde su oficina e investigador privado, mediante derechos de petición, han encontrado muchas trabas para encontrar la verdad.
“En los nuevos 14 casos, se ha tenido que tutelar para obtener las historias clínicas, y en estas se evidencian que han sido modificadas, en algunos datos, en el que no colocan el nombre específico del medicamento surfactante pulmonar”, agregó el abogado.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación realiza sus indagaciones que aunque se han mantenido bajo reserva ante la opinión pública. Sin embargo se conoció que tiene en la mira inicialmente a varias personas por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentor de variedades de vegetales, corrupción de alimentos, productos médicos o materiales profilácticos, y que de los 16 neonatos fallecidos, solo uno es investigado por homicidio.
Precisamente, con base a este último recién nacido, en la tarde del pasado miércoles el ente investigador resolvió realizar la exhumación de su cuerpo sepultado en el corregimiento de Las Pitillas, jurisdicción del municipio de San Diego, Cesar; para que peritos establezcan si todavía son evidentes los efectos del medicamento Survanta del lote fraudulento que presuntamente la clínica suministró a pacientes recién nacidos en el servicio de UCI neonatal y por las que habrían muerto los 16 bebés entre junio de 2016 y enero de 2017.
El anterior 2 de octubre, la Secretaría de Salud Departamental como respuesta a las denuncias formuló cinco cargos en contra el centro asistencial, relacionados con la aparente violación de la institución con las normas vigentes para prestar el servicio de pediatría y UCI neonatal.
Sin embargo, ante el estallido de la problemática, la entidad anteriormente había sido intervenida entre el 26 y 29 de julio por un grupo de inspección enviado por la Superintendencia Nacional en Salud, con el que evidenciaron fallas administrativas en la selección, adquisición y recepción del medicamento conocido como Survanta, aplicado a menores por la IPS.
Esta inspección motivada también por una denuncia de la compañía estadounidense Abbvie Laboratories, encargada de producir el medicamento, propició que la Superintendencia de Salud abriera una investigación en contra de la clínica y la Secretaría de Salud del Cesar. Esta última en miras de establecer su responsabilidad en el proceso que habría presentado dilación y del que ahora está a cargo el ente de control en salud de índole nacional.
Estas falencias registradas por las autoridades respaldaron que la Supersalud a través de la Resolución 2672 de noviembre 2017, entablara una sanción de mil salarios mínimos contra el centro de salud y concluyera que carecían del adecuado procedimiento que garantizara la adquisición, distribución y suministro de los medicamentos Survanta en materia de calidad y seguridad.
“Identificamos que esta clínica incumplió las reglas de farmacovigilancia. Para la Supersalud estas fallas ponen en peligro la salud y la vida de los pacientes hospitalizados la UCI neonatal y los demás servicios donde no se cumplan los protocolos de seguridad”, indicó el superintendente nacional de Salud (e), Luis Fernando Cruz Araújo, al dar a conocer la noticia ante los medios de comunicación.
El organismo de control estatal llegó a identificar que a pesar que la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela tenía definidas algunas especificaciones técnicas y administrativas frente a la adquisición y recepción de los medicamentos, no se sujetó a sus propios manuales diseñados para la gestión del servicio farmacéutico.
Luego de la millonaria multa interpuesta en primera instancia por la Supersalud, EL PILÓN conoció ayer que la Clínica Laura Daniela el 7 de diciembre instaló ante la dependencia nacional un recurso de reposición que está pendiente de análisis. Lo que quiere decir, que de ser repelado, la institución deberá acatar la sanción.
Entre tanto, el abogado Luis Eduardo Avendaño, en representación de la víctimas manifestó que le parece irrisoria la sanción, teniendo en cuenta que se trata de la vida hasta el momento de 16 criaturas a las que se les negó la fórmula original de un medicamente que en su momento necesitaban.
“Desde el momento en que las autoridades allanaron a la clínica y encontraron los medicamentos adulterados debieron aprehender a los responsables de su administración porque son los encargados de la compra de estos. Más que una recompensación económica las víctimas lo que necesitan es un resarcimiento moral y que los culpables se apropien de su responsabilidad”, concluyó el jurista.
Ante las acusaciones la clínica constantemente se ha mostrado confiada con los estamentos judiciales, exponiendo que estos deben confirmar que no existe correlación de entre el surfactante pulmonar con la muerte de los 16 recién nacidos que estuvieron recluidos en la clínica entre estos dos últimos años. Por lo que “han tenido la mayor disposición de cooperar ante los organismos de control como Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal, Invima; así como la Superintendencia de Salud y Fiscalía, quienes han hecho trazabilidad de toda la información solicitada para el caso”, manifestó mediante un comunicado de prensa la institución.
El 28 de junio de 2016 se presentó el deceso de un infante de 30 semanas de nacido, posteriormente otros 15 en edades promedio de 38, 40.2, 36 y 29.4 semanas fallecieron. Siendo el último en perecer, el 24 de enero de 2017.
El 15 de noviembre del 2016, la funcionaria Nubia Dalila Pachón Orozco, de Juritech & Co Ltda., empresa asesora externa en la seguridad del Departamento de Global Protection Products GPP de Abbvie Laboratories inc., con sede en Chicago, presentó una queja ante la Secretaría de Salud Departamental en relación con la compra y posterior distribución o dispensación del producto denominado Synagis Palivizymab 50 mg, de propiedad de Abbvie Laboratories, fármaco que ayuda a la maduración de los pulmones de neonatos y niños con pocos meses de vida, al igual que para evitar una enfermedad grave de los pulmones. Asimismo el proceso de investigación fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso de falsificación del medicamento Survanta 8 ml.
El 26 de enero de 2017, el Invima y algunos funcionarios de la Fiscalía llegaron a la Secretaría de Salud Departamental, pidieron acompañamiento y posteriormente se trasladaron a la Clínica Laura Daniela.
Las autoridades realizan el allanamiento a la clínica el 27 de enero de 2017, encontrando los productos antes mencionados, los cuales fueron objeto de decomiso.
Tres de las madres, a quienes les entregaron sus bebés muertos después de ingresar a UCI de la Clínica Laura Daniela, denunciaron los casos ante el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, el cual inició las respectivas indagaciones para serlo público el anterior 17 de septiembre del año 2017.
Por la publicación la clínica salió ante los medios con un comunicado el 19 de septiembre manifestando: “La adquisición de medicamentos fue en óptimas condiciones, que el mismo programa de televisión lo ratificó dando a conocer las facturas del medicamento en cuestión, en los que se observa que se pagó el valor estandarizado en el mercado, por ende se demuestra que fue violentada nuestra buena fe por un proveedor de medicamentos al cual denunciamos ante las autoridades de manera oportuna y contundente”.
El 1 de octubre del 2017 la Secretaría de Salud Departamental formuló pliego de cargos contra la IPS Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A., dentro del proceso administrativo sancionatorio que adelantaba las presuntas fallas e irregularidades en los servicios de salud de este centro asistencial.
Luego del inconveniente en que se colocó en tela de juicio la actuación de la secretaria de Salud Departamental, el 3 de octubre la funcionaria Carmen Sofía Daza presentó la renuncia del cargo, siendo este ocupado por Nicolás Muhrez Muvdi.
24 de noviembre de 2017, mediante la Resolución 2672 la Supersalud impuso una sanción de mil salarios mínimos contra la Clínica tras encontrar irregularidades en esta.
El 27 de diciembre la Fiscalía en el marco de las investigaciones exhuma el cuerpo de un neonato fallecido en la clínica Laura Daniela.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN
[email protected]
Una de las noticias que más generó repudio a nivel local, nacional e internacional fue el nefasto caso de la Clínica Laura Daniela de Valledupar, con el supuesto suministro de medicamentos adulterados que habría generado la muerte de alrededor de 16 recién nacidos que padecían de problemas respiratorios.
La muerte de 16 neonatos en la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A, a mediados del año 2016 e inicios del 2017, por la aplicación, al parecer, de un lote fraudulento del medicamento Survanta, desencadenó una serie de reacciones en la capital del Cesar, que no solo puso bajo la lupa las actuaciones de los entes de control en salud a nivel departamental sino que también generó una serie de actividades procesales aún sin culminar.
Recientemente, por este caso este medio de comunicación conoció que existen más denuncias en contra de este centro asistencial, investigado por varios organismos de control.
El abogado Luis Eduardo Avendaño Gamarra precisó que que tiene a la fecha 14 procesos más, de padres de familia que aducen que sus hijos murieron en el centro médico por las mismas circunstancias.
“Cuando salió a la luz pública toda las inconsistencias relacionadas con los 16 bebés, posteriormente recibí 14 denuncias contra la entidad, en las que igualmente se realiza un proceso de recolección de información con muchas dificultades, porque algunas instituciones se han rehusado a entregarla”, dijo el jurista especialista en Derecho Administrativo.
Con la premisa de encontrar evidencias que establezcan la responsabilidad de la clínica con la muerte de los neonatos, tanto las autoridades como los afectados investigan independientemente el caso.
Por tal razón, la defensa de las víctimas, a cargo de Avendaño, a través de un derecho de petición solicitó el anterior 21 de septiembre a la Clínica Laura Daniela notificar el índice de mortalidad de los neonatos entre el año 2014 al 2017, al interior de sus instalaciones; recibiendo como respuesta el 28 de septiembre que no sería propició dar a conocer los datos requeridos.
De acuerdo con la defensa, el recurso lo instalaron porque “tienen conocimiento que de los casos presentados en el centro asistencial entre esa línea de tiempo requerida superarían uno 200 casos de muertos”, explicó Avendaño, quien advirtió además que en las investigaciones que viene realizando desde su oficina e investigador privado, mediante derechos de petición, han encontrado muchas trabas para encontrar la verdad.
“En los nuevos 14 casos, se ha tenido que tutelar para obtener las historias clínicas, y en estas se evidencian que han sido modificadas, en algunos datos, en el que no colocan el nombre específico del medicamento surfactante pulmonar”, agregó el abogado.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación realiza sus indagaciones que aunque se han mantenido bajo reserva ante la opinión pública. Sin embargo se conoció que tiene en la mira inicialmente a varias personas por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos obtentor de variedades de vegetales, corrupción de alimentos, productos médicos o materiales profilácticos, y que de los 16 neonatos fallecidos, solo uno es investigado por homicidio.
Precisamente, con base a este último recién nacido, en la tarde del pasado miércoles el ente investigador resolvió realizar la exhumación de su cuerpo sepultado en el corregimiento de Las Pitillas, jurisdicción del municipio de San Diego, Cesar; para que peritos establezcan si todavía son evidentes los efectos del medicamento Survanta del lote fraudulento que presuntamente la clínica suministró a pacientes recién nacidos en el servicio de UCI neonatal y por las que habrían muerto los 16 bebés entre junio de 2016 y enero de 2017.
El anterior 2 de octubre, la Secretaría de Salud Departamental como respuesta a las denuncias formuló cinco cargos en contra el centro asistencial, relacionados con la aparente violación de la institución con las normas vigentes para prestar el servicio de pediatría y UCI neonatal.
Sin embargo, ante el estallido de la problemática, la entidad anteriormente había sido intervenida entre el 26 y 29 de julio por un grupo de inspección enviado por la Superintendencia Nacional en Salud, con el que evidenciaron fallas administrativas en la selección, adquisición y recepción del medicamento conocido como Survanta, aplicado a menores por la IPS.
Esta inspección motivada también por una denuncia de la compañía estadounidense Abbvie Laboratories, encargada de producir el medicamento, propició que la Superintendencia de Salud abriera una investigación en contra de la clínica y la Secretaría de Salud del Cesar. Esta última en miras de establecer su responsabilidad en el proceso que habría presentado dilación y del que ahora está a cargo el ente de control en salud de índole nacional.
Estas falencias registradas por las autoridades respaldaron que la Supersalud a través de la Resolución 2672 de noviembre 2017, entablara una sanción de mil salarios mínimos contra el centro de salud y concluyera que carecían del adecuado procedimiento que garantizara la adquisición, distribución y suministro de los medicamentos Survanta en materia de calidad y seguridad.
“Identificamos que esta clínica incumplió las reglas de farmacovigilancia. Para la Supersalud estas fallas ponen en peligro la salud y la vida de los pacientes hospitalizados la UCI neonatal y los demás servicios donde no se cumplan los protocolos de seguridad”, indicó el superintendente nacional de Salud (e), Luis Fernando Cruz Araújo, al dar a conocer la noticia ante los medios de comunicación.
El organismo de control estatal llegó a identificar que a pesar que la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela tenía definidas algunas especificaciones técnicas y administrativas frente a la adquisición y recepción de los medicamentos, no se sujetó a sus propios manuales diseñados para la gestión del servicio farmacéutico.
Luego de la millonaria multa interpuesta en primera instancia por la Supersalud, EL PILÓN conoció ayer que la Clínica Laura Daniela el 7 de diciembre instaló ante la dependencia nacional un recurso de reposición que está pendiente de análisis. Lo que quiere decir, que de ser repelado, la institución deberá acatar la sanción.
Entre tanto, el abogado Luis Eduardo Avendaño, en representación de la víctimas manifestó que le parece irrisoria la sanción, teniendo en cuenta que se trata de la vida hasta el momento de 16 criaturas a las que se les negó la fórmula original de un medicamente que en su momento necesitaban.
“Desde el momento en que las autoridades allanaron a la clínica y encontraron los medicamentos adulterados debieron aprehender a los responsables de su administración porque son los encargados de la compra de estos. Más que una recompensación económica las víctimas lo que necesitan es un resarcimiento moral y que los culpables se apropien de su responsabilidad”, concluyó el jurista.
Ante las acusaciones la clínica constantemente se ha mostrado confiada con los estamentos judiciales, exponiendo que estos deben confirmar que no existe correlación de entre el surfactante pulmonar con la muerte de los 16 recién nacidos que estuvieron recluidos en la clínica entre estos dos últimos años. Por lo que “han tenido la mayor disposición de cooperar ante los organismos de control como Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud Municipal, Invima; así como la Superintendencia de Salud y Fiscalía, quienes han hecho trazabilidad de toda la información solicitada para el caso”, manifestó mediante un comunicado de prensa la institución.
El 28 de junio de 2016 se presentó el deceso de un infante de 30 semanas de nacido, posteriormente otros 15 en edades promedio de 38, 40.2, 36 y 29.4 semanas fallecieron. Siendo el último en perecer, el 24 de enero de 2017.
El 15 de noviembre del 2016, la funcionaria Nubia Dalila Pachón Orozco, de Juritech & Co Ltda., empresa asesora externa en la seguridad del Departamento de Global Protection Products GPP de Abbvie Laboratories inc., con sede en Chicago, presentó una queja ante la Secretaría de Salud Departamental en relación con la compra y posterior distribución o dispensación del producto denominado Synagis Palivizymab 50 mg, de propiedad de Abbvie Laboratories, fármaco que ayuda a la maduración de los pulmones de neonatos y niños con pocos meses de vida, al igual que para evitar una enfermedad grave de los pulmones. Asimismo el proceso de investigación fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación en el marco del proceso de falsificación del medicamento Survanta 8 ml.
El 26 de enero de 2017, el Invima y algunos funcionarios de la Fiscalía llegaron a la Secretaría de Salud Departamental, pidieron acompañamiento y posteriormente se trasladaron a la Clínica Laura Daniela.
Las autoridades realizan el allanamiento a la clínica el 27 de enero de 2017, encontrando los productos antes mencionados, los cuales fueron objeto de decomiso.
Tres de las madres, a quienes les entregaron sus bebés muertos después de ingresar a UCI de la Clínica Laura Daniela, denunciaron los casos ante el programa Séptimo Día de Caracol Televisión, el cual inició las respectivas indagaciones para serlo público el anterior 17 de septiembre del año 2017.
Por la publicación la clínica salió ante los medios con un comunicado el 19 de septiembre manifestando: “La adquisición de medicamentos fue en óptimas condiciones, que el mismo programa de televisión lo ratificó dando a conocer las facturas del medicamento en cuestión, en los que se observa que se pagó el valor estandarizado en el mercado, por ende se demuestra que fue violentada nuestra buena fe por un proveedor de medicamentos al cual denunciamos ante las autoridades de manera oportuna y contundente”.
El 1 de octubre del 2017 la Secretaría de Salud Departamental formuló pliego de cargos contra la IPS Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela S.A., dentro del proceso administrativo sancionatorio que adelantaba las presuntas fallas e irregularidades en los servicios de salud de este centro asistencial.
Luego del inconveniente en que se colocó en tela de juicio la actuación de la secretaria de Salud Departamental, el 3 de octubre la funcionaria Carmen Sofía Daza presentó la renuncia del cargo, siendo este ocupado por Nicolás Muhrez Muvdi.
24 de noviembre de 2017, mediante la Resolución 2672 la Supersalud impuso una sanción de mil salarios mínimos contra la Clínica tras encontrar irregularidades en esta.
El 27 de diciembre la Fiscalía en el marco de las investigaciones exhuma el cuerpo de un neonato fallecido en la clínica Laura Daniela.
Por Marllelys Salinas / EL PILÓN
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