Por: José Félix Lafaurie Rivera*

@jflafaurie

 Una avalancha humana nos sacudió el pasado fin de semana en San Juan del Cesar –sur de La Guajira– durante la segunda jornada del Programa de Acompañamiento a las Víctimas Ganaderas del Conflicto, que desarrollan Fedegán y Fundagán. Allí, como en Chigorodó – Urabá antioqueño– donde cumplimos la primera convocatoria, el miedo dio paso a las búsquedas de verdad, justicia y reparación consagradas en la Ley 1448 de 2011.
Las intensas romerías no sólo confirmaron el carácter masivo de la victimización de los ganaderos sino que, además, evidenciaron lunares institucionales frente al desafío de aplicar la norma. Fatales, de cara a las expectativas que se han generado.
El balance al término de las 2 primeras jornadas fue esclarecedor. Más de 1000 ganaderos solicitaron asesoría para reclamar sus derechos. Un alto porcentaje asociado a extorsiones y robo de ganado, que luego dieron paso a secuestros y asesinatos. Víctimas que se suman al obituario que publicamos en “Acabar con el olvido”, donde registramos más de 3.000 homicidios y secuestros de ganaderos. Aunque el drama continúa, pues al cierre de 2011 se reportó el asesinato de 52 y el secuestro de 37.
El programa de Fedegán-Fundagán hace parte, justamente, de la cruzada para llegar a todas estas víctimas en todos los rincones del país, con la meta de reconstruir la memoria de barbarie contra el sector. No terminará hasta que no quede un solo ganadero, cuya historia de violencia no haya sido narrada y cuyos derechos no hayan sido restablecidos. En esta tarea serán vitales las alianzas con más de 300 gremios ganaderos regionales, que habilitaron 87 oficinas para apalancar este proceso que, dicho sea de paso, ha recibido el aval de las poblaciones que hemos visitado.
Según estos ciudadanos, ha habido poca pedagogía de la norma y el alud de solicitudes de registro sobrepasó la capacidad logística y humana en muchas Personerías, puerta de entrada al Registro Único de Víctimas. En Valledupar, por ejemplo, se estima que existen 80 mil víctimas y escasamente se han registrado 300. Aunque la Personería estableció 2 días semanales para atender los trámites, sólo dispone de 2 profesionales que tienen copada la agenda hasta el 31 de diciembre de este año. A ese paso requerirán 60 años para cubrir la demanda.

El sistema que erigió la Ley de Víctimas maneja unos tiempos que no comulgan con la marcha forzada que enfrentan las entidades territoriales y las sedes del Ministerio Público. El ajuste institucional que debería ser un hecho, considerando que pasó un año desde la sanción presidencial de la norma, todavía está en entre dicho y arrastra con el monumental rezago del registro de víctimas.
En la práctica, pasó el primero de 10 años presupuestados para la ejecución de la Ley. Es decir, para que el Estado “reconozca” a las víctimas de hechos ocurridos entre 1985 y 2021 –incluido el abigeato– y para repararlas. Con una connotación: de los 4 años establecidos para reclamar los derechos, ya pasaron 6 meses –los que lleva de vigencia la Ley– perdidos para miles de víctimas del sector ganadero, que ni siquiera han entrado a la fila del sistema.
El panorama es crítico y nos enfrenta a la urgencia de debatir la forma como esta sociedad debe responder a la enorme complejidad de resarcir a sus víctimas. Al término de este cuatrienio apenas 450 mil serán reparadas, de un total estimado en 4 millones. Necesitamos un proceso digno y razonable con la magnitud del problema, que además no discrimine como pretenden en algunas regiones con las solicitudes de los ganaderos. Es nuestro derecho y es la obligación de esta sociedad frente a los daños, morales y materiales, que han cargado por décadas millones de compatriotas.

*Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN.

José Félix Lafaurie Rivera
Presidente Ejecutivo -Fedegán