Hace algunos años he venido leyendo y analizando el fenómeno del clientelismo y sus tentáculos que han desembocado en estructuras empresariales sofisticadas, actuando como carruseles para cooptar la contratación pública. Este fenómeno se ha extendido en los tres niveles de gobierno en Colombia, pero el fenómeno es generalizado a nivel mundial, así que por ese […]
Hace algunos años he venido leyendo y analizando el fenómeno del clientelismo y sus tentáculos que han desembocado en estructuras empresariales sofisticadas, actuando como carruseles para cooptar la contratación pública. Este fenómeno se ha extendido en los tres niveles de gobierno en Colombia, pero el fenómeno es generalizado a nivel mundial, así que por ese lado los colombianos no tenemos esa desagradable exclusividad.
Casos como Dragacol, Foncolpuertos, los Nule por mencionar algunos, debe llevarlo a uno a preguntarse: ¿cuál es el trasfondo de esto y que podemos hacer? Los ciudadanos debemos actuar de alguna manera para evitar la perdida de los recursos de todos y que nos afecta a todos.
Al respecto, existen dos corrientes académicas en las que se divide el estudio de la racionalidad de los individuos en la administración pública. La primera corresponde parroquialmente a la teoría del Garrote, es decir, aumentar el valor del castigo y de la sanción (ejemplo China, donde se proporciona cadena perpetua o paredón a los corruptos). Esta tiene como abanderado a Gary Becker, Premio Nobel de Economía. Becker y sus seguidores piensan que los delincuentes primero calculan lo que pueden obtener si violan la ley. Luego, comparan ese valor con el castigo, las probabilidades de que los descubran y las probabilidades concretas de ser castigados. Los que diseñan e implementan políticas públicas que siguen este enfoque están interesados en aumentar el costo del delito para romper el equilibrio.
La otra teoría viene del ámbito de la economía del comportamiento. Uno de sus partidarios más conocidos es Dan Ariely. Esta teoría se puede resumir así: para comprender por qué las personas mienten o violan las leyes debemos analizar otros factores, el entorno en el que trabajamos, el ejemplo de los demás, el comportamiento de los líderes y lo que Ariely denomina la “brújula moral”. Aquellos convencidos de las ventajas que tiene este enfoque, buscan promover políticas públicas que mejoran lo que se denomina “la arquitectura de las decisiones”. Ofrecen una infinidad de herramientas con del fin de incentivar a las personas para que hagan lo correcto.
Mas allá de los esfuerzos por estudiar el comportamiento, se ha demostrado mediante literatura experimental bastante amplia y exhaustiva que el deseo de verse como una persona ética ante uno mismo y ante los demás puede ejercer una fuerte influencia sobre el comportamiento humano.
Una parte de la solución empieza en el “Yo”, pero luego este debe tener un espejo en el “Somos” (sociedad) y luego disponer de los incentivos de castigos y de actuación para que nuestra racionalidad encuentre asiento en lo correcto.
Hace algunos años he venido leyendo y analizando el fenómeno del clientelismo y sus tentáculos que han desembocado en estructuras empresariales sofisticadas, actuando como carruseles para cooptar la contratación pública. Este fenómeno se ha extendido en los tres niveles de gobierno en Colombia, pero el fenómeno es generalizado a nivel mundial, así que por ese […]
Hace algunos años he venido leyendo y analizando el fenómeno del clientelismo y sus tentáculos que han desembocado en estructuras empresariales sofisticadas, actuando como carruseles para cooptar la contratación pública. Este fenómeno se ha extendido en los tres niveles de gobierno en Colombia, pero el fenómeno es generalizado a nivel mundial, así que por ese lado los colombianos no tenemos esa desagradable exclusividad.
Casos como Dragacol, Foncolpuertos, los Nule por mencionar algunos, debe llevarlo a uno a preguntarse: ¿cuál es el trasfondo de esto y que podemos hacer? Los ciudadanos debemos actuar de alguna manera para evitar la perdida de los recursos de todos y que nos afecta a todos.
Al respecto, existen dos corrientes académicas en las que se divide el estudio de la racionalidad de los individuos en la administración pública. La primera corresponde parroquialmente a la teoría del Garrote, es decir, aumentar el valor del castigo y de la sanción (ejemplo China, donde se proporciona cadena perpetua o paredón a los corruptos). Esta tiene como abanderado a Gary Becker, Premio Nobel de Economía. Becker y sus seguidores piensan que los delincuentes primero calculan lo que pueden obtener si violan la ley. Luego, comparan ese valor con el castigo, las probabilidades de que los descubran y las probabilidades concretas de ser castigados. Los que diseñan e implementan políticas públicas que siguen este enfoque están interesados en aumentar el costo del delito para romper el equilibrio.
La otra teoría viene del ámbito de la economía del comportamiento. Uno de sus partidarios más conocidos es Dan Ariely. Esta teoría se puede resumir así: para comprender por qué las personas mienten o violan las leyes debemos analizar otros factores, el entorno en el que trabajamos, el ejemplo de los demás, el comportamiento de los líderes y lo que Ariely denomina la “brújula moral”. Aquellos convencidos de las ventajas que tiene este enfoque, buscan promover políticas públicas que mejoran lo que se denomina “la arquitectura de las decisiones”. Ofrecen una infinidad de herramientas con del fin de incentivar a las personas para que hagan lo correcto.
Mas allá de los esfuerzos por estudiar el comportamiento, se ha demostrado mediante literatura experimental bastante amplia y exhaustiva que el deseo de verse como una persona ética ante uno mismo y ante los demás puede ejercer una fuerte influencia sobre el comportamiento humano.
Una parte de la solución empieza en el “Yo”, pero luego este debe tener un espejo en el “Somos” (sociedad) y luego disponer de los incentivos de castigos y de actuación para que nuestra racionalidad encuentre asiento en lo correcto.