El personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, atendió el llamado del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, que mediante una mesa de trabajo llamó a los entes territoriales de la Costa a revisar los avances en la ejecución de los proyectos vinculados al contrato interadministrativo 216144, referente a los mantenimientos a la infraestructura carcelaria, además de los proyectos vinculados a dicho contrato.

La cita se llevó a cabo en Cartagena y los resultados, según lo que señala el personero, no arrojó resultados positivos porque los recursos destinados para las ciudades de la Costa no son más que “pañitos de agua tibia que no atiende la crisis de derechos humanos en cuanto a seguridad, hacinamiento, salubridad, por lo que no generó resultados positivos”.

Los recursos que se van a invertir en Valledupar corresponden a $5.320 millones, pero lo que no convenció al personero es que el dinero se invierta en pintura, adecuaciones y mallas y no se resuelvan las necesidades que le apuestan a la resocialización de los internos.

El contrato interadministrativo 216144 es un contrato nacional de $400 mil millones, que tiene descontento a gran parte de los entes territoriales. “Manifestamos nuestro malestar porque consideramos que no es la solución definitiva para las cárceles del país, por ello hicimos recomendaciones para que se prioricen las necesidades de acuerdo a cada ciudad y aquí en Valledupar una solución sería la ampliación de cupos; por lo que el Ministerio de Justicia se comprometió en revisar cómo se pueden organizar las prioridades en vista del desacuerdo de los entes territoriales de la Costa Atlántica”, dijo Campo Martínez.

Dicho contrato firmado entre Fonade y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, el 29 de noviembre de 2016, tiene como objetivo gerenciar la construcción e interventoría, ampliación de cupos y mantenimiento de la infraestructura carcelaria y penitenciaria del orden nacional requerido por la USPEC.

De esta mesa de trabajo participaron el DPS, el viceministerio de política criminal y justicia restaurativa, los directores de los centros penitenciarios y carcelarios, donde se ejecutaran proyectos en la región norte, personerías municipales, representantes de la USPEC y un equipo de trabajo profesional de Fonade.