A excepción de Eloy ‘Chichí’ Quintero que asumió su compromiso por el Cesar, los demás congresistas del departamento ‘brillaron por su ausencia’ en el debate a las regalías del carbón realizado ayer en la Asamblea.

El departamento pasa por un momento difícil, debido a que le quitaron 77 mil millones de pesos y planes de desarrollo como el del municipio de Chiriguaná están desfinanciados.

Esta población también agotó todos los recursos a los que tenían acceso a través de las sesiones en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, por lo que este año no presentarán proyectos, dijo el alcalde Gustavo Aroca Dagil.

“A partir de la nueva reforma, con el recorte que le hacen a los recursos, nos vemos ante la situación que el Municipio no va a contar con los recursos suficientes para poder financiar el Plan de Desarrollo que fue aprobado por el Concejo Municipal, toda vez que la reducción y la tan anunciada bonanza de la que habló el gobierno nacional, al fin de cuentas nunca se dio y antes por el contrario, lo que hemos visto, es cómo han venido recortándose y mermando los recursos de regalías en un 70% u 80%, lo que hoy nos impide desarrollar proyectos importantes”, aseguró el mandatario.

Aroca Dagil hizo un llamado a que se revise en detalle el tema, porque además la nueva ley contempla que solo pueden utilizar hasta el 80% de los recursos, el 20% solo pueden acceder a finales de año cuando se apruebe el nuevo presupuesto.

Chiriguaná ha tenido que acudir a gestiones a nivel nacional para poder acceder a recursos que les permita invertir en mejoramiento de vías, entre otras.

Durante el debate, el diputado Eduardo Esquivel López aseguró que el Cesar todavía no sabe lo grave que es esta situación, “aquí estamos hablando de obras como el estadio que pueden quedar desfinanciadas, obras macro en los municipios que pueden quedar desfinanciadas, si nosotros desde hoy no activamos las alarmas como debemos activarlas. Lástima que no hayan venido los parlamentarios actuales, porque es una tarea que debemos comenzar ya, aquí nos acaban de descontar 55 mil millones”.

El recién elegido congresista, Eloy ‘Chichí’ Quintero explicó que como parlamentario del Cesar tiene un compromiso, “pero no es fácil, hay que decirlo de entrada que no es fácil, porque se han cedido unos espacios desde hace mucho rato, lo de escalonamiento fue el primer tropiezo que hubo, después la reforma de las regalías que nos quitaron autonomía en el manejo de ellos, eso ha traído una división a nivel de los departamentos de la costa, porque los departamentos de la costa que hoy reciben recursos por escalonamiento, ellos no van a echar para atrás, ellos van a defender lo que consiguieron en su momento, esto muestra cómo nos ha hecho daño el centralismo, por eso hay la propuesta de la región Caribe y acabar con el centralismo”.

Por su parte, el alcalde de Becerril, Raúl Machado, explicó que la mayoría de los representante de las diferente regiones, departamentos y municipios se están viendo beneficiados con el sistema de regalías, “pero no tienen el impacto ambiental y social, porque no son productores, no es fácil que esos representantes de diferente regiones y departamentos se unan a decir que hay que hacer una reforma, porque ellos hoy están beneficiados, el mismo Presidente la tiene muy clara, porque él va a contar con la mayoría”.

Según Machado, la esperanza es el ministro de Minas, Amylkar Acosta que es de La Guajira, un departamento productor de carbón que como el Cesar también se ve afectado.

Cancelado debate

Entre tanto, en el Concejo de Valledupar fue cancelado el debate que le harían al tema del hacinamiento de la cárcel Judicial y reprogramado para una nueva fecha.

La razón de esto fue que la directora Enilda Vásquez presentó excusas, pero horas más tarde, alrededor de las 10:30 de la mañana se conoció que había sido capturada por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio.

Sin embargo, a la sesión en el Concejo se presentó el director de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, Gonzalo Barriga, quien dijo que el penal ya no es de máxima seguridad y que después de 12 años solo hasta ahora se está atendiendo el problema de agua.

Barriga también explicó que debieron ser reubicados 177 internos, para poder avanzar en obras para optimizar el servicio de agua. También dijo que en la Penitenciaría hay 100 reclusos durmiendo en el piso.

La mayoría de personas que están en las cárceles son sindicados y no condenados, por lo que de sacar los primeros, no habría hacinamiento dijo el juez, Andrés Palencia.