Por: Imelda Daza Cotes

La Declaración Universal de los Derechos del Niño consagra a su favor derechos como la vida, el desarrollo, la protección, la salud física y mental, una vida digna y plena en familia, el derecho a gozar de la comprensión y el amor de sus padres y de la sociedad, a ser protegidos contra el abandono y la explotación, a formarse en un espíritu de solidaridad,  amistad y justicia, a que el Estado garantice a sus padres la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos, etc.
El Estado colombiano ha carecido de la voluntad política suficiente para comprometerse a atender a cabalidad los derechos de todos los niños colombianos. En muchos casos evade la responsabilidad dando en adopción, a familias extranjeras, a niños abandonados. Les cercena así el derecho a vivir en su propio país y los lanza a la aventura de crecer y desenvolverse en países donde no siempre son bien acogidos ni plenamente aceptados y donde sus angustias de adolescentes-diferentes afectan su desarrollo integral. Muy diferente es la vida para quienes son adoptados en el propio país y aún menos difícil para quienes se quedan en familias de un entorno cercano
Las dificultades para lograr una cobertura universal de los niños mediante programas formales, las atribuye el gobierno de Colombia a los elevados costos en infraestructura, dotación, operación y personal calificado. El Estado reconoce serias limitaciones para garantizar los derechos a los niños de sectores sociales vulnerables. Pero ante la urgencia, surgieron los Hogares Infantiles(CAIP) que fueron insuficientes; esto llevó al ICBF a aprovechar la experiencia de muchas madres vinculadas a la atención de menores para crear los Hogares Comunitarios como un servicio masivo y no formal que permitió ampliar la cobertura a menores costos y atender a la población infantil en zonas marginales urbanas y rurales. El propósito ha sido aliviar las difíciles condiciones de vida de estas familias,  propiciar el desarrollo armónico y proteger a los niños  afectados por la pobreza, la desnutrición, el abandono, el desplazamiento, la violencia y el maltrato de todo tipo. Se busca tambien mejorar la salud, la nutrición y la educación de los niños, así como fortalecer la unidad familiar y el desarrollo de los padres mediante su vinculación al programa a través de las Asociaciones de Padres. El ICBF responde por el suministro de los alimentos, la dotación y por la adecuación  de las viviendas que sirven de hogares. Cada MADRE COMUNITARIA atiende unos 15 niños, trabaja en promedio 8 horas diarias, responde por la alimentación, la nutrición, la higiene, los cuidados en salud y el desarrollo psicosocial de los niños que en estos Hogares aprenden muchas cosas en un ambiente verdaderamente familiar porque la Madre Comunitaria le aporta a su labor un ingrediente afectivo superior al que un niño percibe en la escuela formal. El vínculo humano con esa Madre es muy fuerte y los niños  se sienten protegidos, seguros y menos vulnerables
El papel de las Madres Comunitarias es trascendental para las familias y para los niños y es esencial para la sociedad y para el país. Ellas desarrollan una actividad formadora y transformadora, son el “eje del desarrollo social” en muchas comunidades. Sin embargo, estas mujeres generosas, entregadas, que alegran los días de tantos menores, que hacen posible para muchos padres rebuscarse un trabajo o desempeñar un oficio, que prestan sus casas renunciando a su privacidad familiar, que tal vez cuidan menos a sus propios hijos por atender a otros más urgidos, no han logrado ser reconocidas como lo que son: TRABAJADORAS DEL ESTADO y por lo tanto no perciben salario, sino apenas una bonificación que no alcanza a medio salario mínimo y de esa irrisoria suma toman a veces para completar los gastos del Hogar. Son catalogadas como “agentes educativos” sin derechos laborales ni sociales, aunque sobre ellas recae la responsabilidad de un programa  vital para la ejecución de políticas de bienestar de los niños de los sectores 1 y 2 del Sisbén Ellas deben organizar sus labores según el proyecto Pedagógico del ICBF que vigila y controla su desempeño,  es decir, hay una clara relación laboral que el Estado no reconoce
Son unas ochenta mil Madres Comunitarias que atienden un poco más de un millón de niños en todo el país; son víctimas de discriminación de género. Ahora, organizadas en sindicatos, se aprestan a protestar para exigir sus derechos. Reclaman salario mínimo,  seguridad social integral en salud y pensiones, protección y prevención de riesgos profesionales. Piden más capacitación, mejores equipos y más dotación. Se oponen a los planes del gobierno de privatizar este servicio. Es una lucha más que justa. Ellas merecen el apoyo y la solidaridad de todas las organizaciones sindicales, comunitarias y de la sociedad en general.  La movilización es el 21 de septiembre.