Por: Amylkar D. Acosta

No entiendo para qué se está promoviendo otro referendo, esta vez para derogar la Ley 789 de 2002, cuando esta misma prevé un mecanismo más expedito para corregir su yerro. Esto sostiene la Corte Constitucional en su sentencia C-257 de 2008: “El Legislador fue consciente de la necesidad de evaluar luego de un tiempo razonable la eficacia real de las medidas adoptadas. Los artículos 45 y 46 de la ley 789 de 2002, establecieron una Comisión de Seguimiento y Verificación de las Políticas de Generación de Empleo, la cual habrá después de dos años de vigencia de la ley presentar una completa evaluación de los resultados y en ese momento el Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo”.
Hay consenso entr    e los analistas sobre la necesidad de bajar la tasa de desempleo al tiempo que se reduzca a como de lugar la creciente  informalidad del mercado laboral; las discrepancias empiezan cuando se tratan de abordar las soluciones. ANIF y la ANDI entre otros siguen proponiendo más de lo mismo; pese al fracaso de la flexibilización labor, plantean su profundización para superar el drama del desempleo, al tiempo que proponen la supresión de las “cargas” parafiscales por considerar que estas encarecen excesivamente los costos laborales. Se ha probado hasta la saciedad que este no es el camino. Según el más reciente Boletín  del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, la eliminación de las contribuciones parafiscales al Sena, al Icbf y a las cajas de compensación familiar tendría un leve efecto favorable sobre la marginalidad y un aumento irrisorio de sólo el 1%   en la ocupación. Su conclusión no puede ser más disuasiva: “si aumentar la parafiscalidad reduce el número de ocupados, su disminución no llevaría a mayores ganancias en términos de empleos”. El DNP acaba de llegar a la misma conclusión.
También se afirma por parte de Portafolio  que “el nivel del salario mínimo – muy alto frente al salario medio y a la productividad de la mano de obra” es otro obstáculo para la generación de empleo y la formalización del mismo. Por eso se propone la eliminación del salario mínimo como ya lo hizo el ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, por considerar que es “ridículamente alto”. El Consejo Privado de Competitividad que preside Hernando José Gómez propone un salario mínimo diferencial para jóvenes, habida cuenta de que estos en gran proporción son los más afectados por el desempleo. Una propuesta similar a esta, la del Contrato del Primer Empleo (contrat premiére embauche),  desató la furia de los franceses hace 4 años obligando al Presidente Jacques Chirac a promover la derogatoria de la Ley que lo estableció. Ahora es el Director del DNP, Esteban Piedrahíta, el que propone la implementación de salarios diferenciales pero ya no sólo por edades sino por actividad económica y regiones, como enantes se dio entre el urbano y el rural hasta 1983. Alega él para ello que hay una gran diferencia de productividad entre el campo y la ciudad, así como entre las distintas ramas de la economía y cree además que de esta manera se incentivaría la vinculación laboral de la población menor de 24 años. Ello, además de discriminatorio y odioso condenaría a segmentos muy importantes de la población a ser colombianos de segunda categoría, creando un círculo vicioso de menor remuneración – menor productividad – menor remuneración. Esto es indefensable; estas propuestas no pasan de ser sofismas de distracción, pues no tienen mayor consistencia ni viabilidad.