Con la Ley 100 de 1993, en el país inició un nuevo sistema que ha venido funcionando en las ultimas de tres décadas. El sistema propendía por el aseguramiento en salud, la cobertura universal y la garantía del derecho a la salud. A la par de estas metas aparecieron unas taras, como el descuido con […]
Con la Ley 100 de 1993, en el país inició un nuevo sistema que ha venido funcionando en las ultimas de tres décadas. El sistema propendía por el aseguramiento en salud, la cobertura universal y la garantía del derecho a la salud. A la par de estas metas aparecieron unas taras, como el descuido con los hospitales públicos, deficiente control de la Superintendencia de Salud y la falta de límites a la integración vertical.
El sistema de salud, como cualquier otro, es susceptible de procesos de mejoramiento continuo, en aras de mantener estándares de calidad, propio de las empresas que quieren ser competitivas a lo largo del tiempo. Para este objetivo fueron expedidas las leyes 1438 de 2011 y 1751 de 2015, las cuales tienen la misión de favorecer la atención primaria, el buen funcionamiento de los hospitales públicos, la formalización laboral y ponerle límites a la integración vertical. Estas medidas son compresibles, sobre todo, por variables socioeconómicas como el aumento de la población, el desempleo, la informalidad y la pobreza. Todo cambia dijo Heráclito.
El gobierno del presidente Gustavo Petro trajo debajo del brazo una propuesta de reforma al sistema de salud. Cumplidas las formalidades en el poder legislativo, el proyecto de reforma fue hundido.
La polarización y los efectos mediáticos de la información han hecho creer que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Según esta percepción ‘el paseo de la muerte’, el ruego por citas y medicamentos y los problemas financieros de las EPS registrados en los análisis contables no han sido hechos reales, sino, producidos por el imaginario del realismo mágico.
No tenemos el mejor sistema de salud del mundo, lo que existe es una estructura deformada y rectificada con sedantes, que ha funcionado con apuros gracias a los aportes del régimen contributivo realizado por los trabajadores y empleadores, y con los ingresos de origen fiscal, dentro de los cuales sobresalen el Sistema General de Participaciones (SGP), los aportes del Presupuesto General de la Nación (PGN), los recursos provenientes de los impuestos al consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco, y los recursos propios de las entidades territoriales. Estas fuentes de recursos cubren el costo del aseguramiento de los regímenes contributivo y subsidiado de salud, el pago de servicios por fuera de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la atención de programas de salud pública y de promoción y prevención.
Ante la imposibilidad de concertación de la reforma a la salud, el Gobierno nacional inició procesos de intervención mediante la Superintendencia de Salud, a la Nueva EPS y Sanitas. Voluntariamente, Compensar, solicitó entrar en el proceso. Sobre esto último el debate político insinuó que esta decisión hacia parte de la “crisis explícita”.
La salud en Colombia es un negocio, no hay dudas, tampoco, en la necesidad de mejorar el sistema. Ese mejoramiento implica un reto para el Gobierno nacional, el cual debe desarrollarse con el uso transparente de los recursos (macula del sistema), incentivos que permitan aumentar el número de especialistas de la salud y, fundamentalmente, en atención primaria y preventiva.
Luis Elquis Díaz Bohórquez
@LuchoDiaz12