El Acuerdo Final para la “Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, no fue el acuerdo deseable, el que todos quisiéramos, pero en condiciones normales es lo mejor posible y viable para Colombia. Lograr desarmar a las FARC no nos convirtió espontáneamente en Suecia o Suiza, no seamos ilusos. Sin embargo, parar su accionar ha derivado en la disminución considerable de víctimas, este escenario concibe restauración social, como principio práctico para el cumplimiento de los fines del estado, a través de las garantías de reparación y no repetición de los hechos lamentables vigentes en nuestra historia.

Recordemos que el documento final del acuerdo de paz describe adeudos históricos del estado colombiano, en materia económica, política y social. Naturalmente los integrantes de las FARC, también tienen obligaciones de cumplir con lo pactado. El estado Colombiano refrendó seguridad jurídica a los exguerrilleros, mediante un tribunal especial (La JEP), como ente encargado de administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes. En concreto garantizar el derecho a las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.
Los hechos mediáticos de esta semana relacionados con el caso de Jesús Santrich, abrieron la caja de pandora con intenciones de generar una mini crisis institucional, en la que el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez, aprovechó la coyuntura abandonando el cargo de manera extemporánea, según él para perfumarse de dignidad. El pueblo colombiano recibió gozoso esa decisión, igualmente la institucionalidad, pero el ahora exfiscal debe ser consciente que su escapada fue infructuosa.
Pasado el chaparrón de la renuncia del Fiscal, la eventualidad noticiosa se enfocó en Jesús Santrich. Animado y sonriente salía de la picota con la señal de victoria en sus dedos, sin sospechar que estaba lista la orden de re-captura debido al video completo que, según la Fiscalía, era la prueba reina para que el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York lo acusara por presuntamente conspirar para enviar a los Estados Unidos 10.000 kilos de cocaína entre junio de 2017 y abril de 2018. Estos términos describen que los hechos ocurrieron con posterioridad al 1° de diciembre de 2016, cuando el Congreso ratificó el Acuerdo Final.
El nuestro es un país animando para la controversia, la duda y la sospecha florecen hasta en terrenos infecundos. En esos terrenos no deben sembrar nuestras instituciones, hacerlo implica que incumplen su función de ordenar el funcionamiento de nuestra sociedad. El material probatorio para judicializar a Jesús Sanctrich, debe contar con los requisitos intrínsecos de la prueba, para que no haya desconfianza de los dictamines judiciales. Si es menester que Jesús Santrich, pierda los beneficios del proceso de paz porque incumplió con lo pactado en los acuerdos, por involucrarse en el delito de narcotráfico, lo más conducente es proceder conforme a los convenios internacionales, la norma y la ley, pero sin sesgo alguno ni por pretexto personal ni político.
Los procesos de paz del mundo se hacen acuerdos y el de Colombia no fue la excepción. La extradición por compromiso transnacional es insoslayable, aunque limita la reparación y el derecho a conocer la verdad, por ello, es de vital importancia fortalecer la institucionalidad en aras de subsanar los adeudos históricos.  
@LuchoDiaz12