Según las estadísticas oficiales, un colombiano consume en promedio al año 42 kilogramos (kg) de arroz, 61 kg de papa, 33,2 kg de pollo y 17 de carne bovina, 40 kg de aceites vegetales, 334 huevos, 141 litros de leche y 20 kilos de pan. Les quedo debiendo el consumo per cápita de la yuca con suero ‘salao’.

Para garantizarle estos alimentos básicos a 50 millones de colombianos, los productores del campo deben levantarse todos los días del año a producir alrededor de 4 millones de toneladas de plátano y 2 millones de yuca, 1,6 millones de toneladas de pollo, 900 mil de carnes bovina y 500 mil de cerdos; más de 7.000 millones de litros de leche, unos 16.000 millones de huevos, alrededor de 2 millones de toneladas de arroz, 2,7 millones de papas 6 millones de maíces, 1.3 millones de trigo y dos millones de toneladas de soya. Para cocinar esos alimentos se requieren 1.7 millones de toneladas de aceite de palma.

Desafortunadamente, gran parte de estos alimentos y materias primas -alrededor de unos 14 millones de toneladas-, deben traerse anualmente de otros paises, porque el Estado no ha brindado las garantías fundamentales a los empresarios del campo para producirlos de manera competitiva acá en Colombia. La especial protección que debe brindar el Estado en la producción de alimentos, construcción de vías terciarias e infraestructura de riego, adecuación de terrenos, acceso a créditos de fomento y promoción de investigación y transferencia de tecnologías, y que está estipulado en el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, es un saludo a la bandera. Si en este país, el poder judicial hubiese ejercido vigilancia y exigido cumplimiento a lo ordenado en nuestra constitución, hace rato, estuviéramos explotando los 39 millones de hectáreas que tenemos aptas para el desarrollo agrícola del país, y no las 5.3 millones de hectáreas que explotamos hoy con ineficiencia. Un indicador vergonzoso de la gestión pública que hace honor a la improvisación, ineficiencia y la falta de planeación.

El tema es bastante preocupante. Un país que no tenga soberanía alimentaria no podrá garantizar la seguridad alimentaria a su población, es muy frágil a las distorsiones de los precios del mercado internacional, a la volatilidad del dólar y tendrá dificultades para contrarrestar la inflación, generar riqueza y empleos productivos. Claramente, la soberanía alimentaria en nuestro territorio es factible si comenzamos por cambiar el modelo productivo costoso e ineficiente que tenemos.  Si el gobierno quiere sustituir la renta petrolera por la renta agrícola, le toca reducir el “costo país”, proveer “bienes públicos” y garantizar el “crédito de fomento”. El desarrollo agropecuario se impulsa es con buen presupuesto. Nuestra querida y muy inteligente ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López, sabe perfectamente que estos tres factores son determinantes para lograr un desarrollo agrícola, pecuario, pesquero y forestal, productivo, rentable y competitivo. Sin la ayuda de sus colegas de las carteras de Hacienda, Transporte, Comunicaciones, Comercio y Ambiente, no hay nada que hacer. Lo demás es pura carreta.

La altillanura, la región Caribe y el Urabá tienen todas las condiciones climáticas y de suelos para brindarle soberanía alimentaria al país. Solo falta la voluntad política.

Consultor en crédito de fomento agropecuario.