Hace dos semanas la directora del SIVA habló ampliamente en la Asamblea Departamental. El departamento ha sido junto al municipio un cofinanciador del sistema estratégico de transporte. Las nuevas expectativas, nuevamente aplazadas, pero esta vez más ciertas, porque el plazo contractual con el fabricante Superpolo de entrega de los buses finaliza en octubre, es que a fin de año estén rodando por las calles de la ciudad, de manera provisional, mientras se construye toda la dotación complementaria.

Es un esfuerzo de más de una década y tres administraciones que cristalizaría entre la desesperanza, el que espera lo mucho espera lo poco.

El proceso ha tenido sombras y luces. Las primeras tienen que ver con que el SIVA se convirtió en un sustituto de la secretaría de obras, y fue objeto de las críticas por las demoras, las molestias ambientales y de acceso de los moradores afectados, incluidos los comercios casi cerrados, los problemas hidráulicos, en ciertos casos las entregas con malas especificaciones – como las del Canal de Panamá, plausiblemente superadas por la entidad , o las del paso por La Popa, que al haberse hecho solo una calzada con la buena intención de mejora, el trancón hoy es tan grande, que hace notable su ineficacia. En esa infraestructura se han invertido $206.000 millones, y han quedado faltando vías claves como la de La Ceiba hasta Mi Pedazo de Acordeón y la nueva glorieta de Las Flores. Se preferirá hacer la occidental carrera 38, bajo redes de alta transmisión.

A pesar de la débil comunicación con la ciudadanía, se ha seguido adelante para completar inversiones totales, si incluimos las redes húmedas de acueducto y alcantarillado, que superarán ampliamente los $300.000 millones. En ese rubro se incorporan los $ 46.000 recientes de compra de 130 buses que deberán ser complementados con 58 propios del operador privado. Los vehículos de aporte estatal modernos y los otros reparados y adecuados, pero no sabemos si serán convertidos a gas y dispondrán de beneficios similares.

Todos serán operados por un único consorcio de los tres transportadores actuales Buses Del Valle, TransCacique y Transupar.

Aplaudimos la constitución de un fondo de compensación tarifaria que permitirá que el costo del viaje de $ 5.000 se reduzca a $ 2.000, gracias al aporte departamental y municipal y al de los buses de propiedad estatal entregados para el servicio al Operador.

Llamamos la atención sobre algunos riesgos que deducimos del debate: una eventual incapacidad empresarial y financiera del operador privado, ha habido experiencias negativas en otras latitudes, aunque aquí previsivamente se parte con un número relativamente bajo de viajes/ día/ bus. 25.000; en Santa Marta hay 120.000.

Un tránsito municipal deficiente como el nuestro puede dar al traste con el SETP. La dotación en ciernes de amoblamiento, paraderos, terminales, patios y talleres y del sistema de gestión, información y recaudo, una inversión en próximos meses de $64.000 millones.