La seguridad es materia obligada en este país, y qué bien que el gobierno haya presentado su política completa de seguridad en todos los componentes. Como parte esencial de la misma involucró al constituyente primario. Nada hay de equivocado en ello. Tampoco hay nada equivocado en la idea de una política cuyo propósito es generar condiciones de seguridad y convivencia que preserven los intereses nacionales. Señala el gobierno un ancla para este propósito que es interesante para el país, planteada de esta manera: promover el emprendimiento y el desarrollo económico para la construcción de una sociedad con equidad y reconocimiento pleno de los derechos humanos.

De entrada y sin prejuicios podemos sumarnos a la política del gobierno, mucho más compleja claro, pero digamos que una seguridad para la biodiversidad, el desarrollo económico, la equidad y el reconocimiento de los derechos humanos, es una postura esperada y deseable. Y entonces, si se piensa en que es necesario y justo retomar los territorios ocupados por la guerrilla o los corredores del narcotráfico, como lo plantea el gobierno, pues también nos sumamos. ¿Dónde está el pero de todo este asunto? Hay un reclamo ciudadano, porque los antecedentes no son nada alentadores cuando se convoca a la ciudadanía a ser parte de la seguridad. Allí se prendieron las alertas. Pero, ¿es posible, justamente por las consecuencias de estos antecedentes, que en esta ocasión estemos frente a un gobierno que piensa el asunto por otro lado? o ¿la meta de un millón de ciudadanos para el 2019 conformando las redes de prevención del delito confirman la alerta?.

El grueso de la política podría haber prescindido de este tema del millón de ciudadanos. Este es un asunto estratégico y reactivo y tal vez la política requiere más base en materia de educación ciudadana para la seguridad y la convivencia, con el ánimo de crear protocolos que orienten cómo es que podemos protegernos a todos y al país. No es un asunto de vecinos buenos vigilando a vecinos malos. No es un asunto de bandos, ni un asunto de delatores. Además la constitución obliga que cualquier ciudadano puede advertir sobre las conductas ilícitas de otro, o un delito. Pero el papel de vigilar y castigar es un asunto del sector defensa, de gobierno, de estado y todo su complejo institucional, en sus manos está. ¿Qué corresponde a la ciudadanía? La educación para la sana convivencia cotidiana. Si educamos en eso habremos hecho el mejor trabajo. Ojalá el gobierno no ponga por delante este asunto reactivo, como lo he llamado, ojalá comunique mejor su política porque sea capaz de ver en el fondo la proyección de un país civilizado que ha entendido su barbarie y está dispuesto a transformarla.