Tal como lo habían anunciado, los militantes de Cambio Radical que hacen parte de Congreso de la República cumplieron con su decisión de no votar en el debate sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP; asegurando que sus principios y posiciones no son negociados.

La colectividad que hace parte de la Unidad Nacional dejó en claro que su posición sobre la justicia para la paz siempre ha sido que se deben preservar las garantías fundamentales de todos los colombianos, sin que ello represente ventajas para los desmovilizados de las Farc.

Sin embargo, el Gobierno Nacional demostró que no necesita de los votos de este partido para sacar adelante más de la mitad del texto propuesto a Senado y Cámara. Con 32 votos a favor y 0 en contra, fueron aprobados en las comisiones primeras conjuntas 102 artículos de los que conforman la ley estatutaria de la JEP, la cual reglamenta el modelo de justicia transicional que el Gobierno negoció con las Farc.

De esta manera, el Gobierno empezó a sacar adelante las normas que reglamenta el Tribunal de Paz que impartirá justicia a los excombatientes, agentes de Estado y terceros civiles en el marco del conflicto.

Ante esto, el congresista cesarense de Cambio Radical, Eloy Quintero Romero, considera que si bien es cierto que dentro de la JEP hay que revisar ciertas cosas, la colectividad tomó una decisión que él como militante debe respetar. “Esto debido a que hay que aclarar quiénes son los que van a ser juzgados por la Justicia para la Paz, porque se especula mucho y eso crea un pánico en todos los sectores por las vinculaciones que se tuvo en el pasado. Esto crea temor y es de las cosas que más se resalta, porque ha faltado más información. Mucha gente aún no conoce lo que se acordó en La Habana y eso le hace daño al proceso de paz”, expresó el congresista.

Después del primer debate conformó una subcomisión que está integrada por diferentes partidos políticos con el fin de trabajar sobre las proposiciones que se han presentado, y que fueron votadas ayer en un nuevo debate. De esta hace parte el congresista cesarense Fernando De la Peña, junto a Horacio Serpa, Hernán Penagos, Angélica Lozano, Eduardo Henríquez y Alexander López.

El debate sobre el tratamiento a los desertores y testaferros, así como los límites de la justicia especial y la ordinaria, son las que provocarán debates más álgidos.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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