Recogemos los análisis que, en el momento, han hecho algunos expertos sobre la necesidad urgente que tiene el municipio de Valledupar de contar con un catastro actualizado y así aprovechar al máximo su condición de ser un gestor catastral multipropósito. Todo propietario de predio en el municipio, sea urbano o rural, debe contribuir a las arcas municipales con el llamado impuesto predial. Y la referencia clave es un avalúo del valor económico del inmueble, por un lado, y del otro, la tarifa, que es el valor porcentual sobre el avalúo, que se aplica por la Administración.

Desde el año 2023 se comenzaron a desarrollar las acciones que le permitieran a Valledupar ser un gestor catastral activo y funcional, además rentable. Pero, tras conocerse el diagnóstico real del municipio en cuanto a aspectos de recurso humano, técnico y presupuestal, se pudo concluir que este no ha estado en capacidad de asumir de manera exitosa ese proceso, sin un apoyo económico y tecnológico extraordinario y externo, dados los escasos recursos presupuestales de un municipio en reestructuración económica de Ley 550, que le impone restricciones y un riguroso pago de vieja deuda, y el remanente real cada año de escasos $70.000 millones de libre disposición, de un presupuesto ya del orden de $1.3 billones.

Se estima que la inversión inicial por el número de predios, que suman más de 100.000 en una gran cobertura geográfica urbana y rural, requiere una inversión de $50.000 millones y de apropiadas herramientas técnicas como el software. También de casi un centenar, por lo menos en los periodos iniciales, de empleados, para llevar a cabo la actualización.

Así que entonces cuando la actual administración ha propuesto la creación de una Sociedad de Economía Mixta, SEM, en la que el municipio será dueño del 55 % y el privado el 45 %. Para lo cual se requiere la aprobación del Concejo Municipal de Valledupar.

El proyecto comenzó su trámite este jueves en comisión del Concejo Municipal y son muchos los factores que están sujetos de revisión y análisis, en especial lo referente a la necesidad de comprometer vigencias futuras para que el municipio pueda responder desde el punto de vista financiero.

Hay muchos puntos de vista a favor de la creación de la SEM, pero también algunos reparos. Tal parece que las observaciones son más que todo de procedimiento y también de requerimientos para que se amplíe la socialización del tema a más sectores del municipio, entre ellos los gremios productivos y del comercio.

Por ejemplo, el sector gremial solicita que se le incluya con voz y voto en la constitución de la SEM y que haya una mesa paralela para analizar los efectos del catastro en el estatuto tributario.

Es pertinente tener en cuenta los distintos planteamientos. Una de las propuestas impulsadas por el gremio de constructores Camacol, es la revisión de las tarifas del impuesto predial. Como la actualización catastral representa un aumento en el avalúo de muchos predios, una disminución en las tarifas podría equilibrarlas.

Hay ejemplos de apartamentos en estratos 5 y 6 de $ 500 u 800 millones, con bajo avalúo, que pagan ¡$300.000 al año de predial! Y en zonas centrales hay casos de avalúos que exceden el comercial.

Barranquilla pasó de un valor general de predios, hace una década, de niveles de $10 billones, y hoy rodea los 80 billones. Así no hay tiempo en la tarea que tiene el municipio de ordenar su territorio, conocerlo a profundidad y gestionarlo de forma eficiente. Y de remunerar adecuadamente la implementación, que no se concibe en el proyecto como concesión o premio por mayor recaudo sino como un aporte financiero, de tecnología y recurso humano a cambio de reembolso en el tiempo con una utilidad equivalente a una buena tasa de interés.

El proceso, aunque técnico en apariencia, tiene implicaciones profundas para nuestro futuro.