Por: Nurys Pardo Conrado

A quince años y nueve meses de haber sido expedida la Ley 142 de 1994, y por lo menos trece de haberse iniciado la aplicación de las formulas tarifarias definidas por las comisiones de regulación, encontramos que existen aciertos y muchos desaciertos por parte de todos los actores del sector de los servicios públicos domiciliarios.
Los comités de desarrollo y control social quienes son las organizaciones que representan a los usuarios, las empresas prestadoras de estos servicios, las organizaciones sindicales, el mismo gobierno nacional, a través de sus ministerios, comisiones regulatorias, órganos de vigilancia y control, las entidades territoriales principalmente los alcaldes municipales y distritales y los coadministradores, quienes han jugado un papel transcendental a lo largo de estos años, pero que en verdad falta mucho más compromiso, pues cada uno ve el problema desde su propia óptica sin analizarla en conjunto como debe ser, para que así mismo se pueda hallar una solución consensual y más justa.
La Superintendencia aún no ha logrado meter en cintura a las empresas para que estas cumplan con su obligación legal de prestar un servicio eficiente, continuo y de permanente buena calidad, sobre todo, acorde con los ingresos de los usuarios ya que como vemos las tarifas se incrementan mes a mes y año tras año, sin control y sin estar afín con el servicio recibido. Es el caso de Valledupar, donde en el mes que avanza se ha dejado de recibir el servicio de agua en las viviendas durante varios días y el recibo o factura de cobro llega por el mismo valor y quizás más alto, sin que nadie se apersone de esta situación, de lo que a la vista de todos está desangrando las empresas que es la corrupción y la politiquería.
Ni que decir, de la energía eléctrica que también ha faltado en los hogares de la capital del Cesar.
De otra parte, encontramos que se han dado casos, donde las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no existe congruencias entre las consideraciones y las decisiones, lo que al final terminan aplastando pero al más débil.
Las comisiones de regulación también van por su lado diseñando formulas tarifarias ajenas a la realidad del país, en muchos casos por no decir la mayoría, verbigracia el caso del servicio de aseo donde cada día se ven menos escobitas y la tarifa por el componente de barrido sigue siendo la misma o peor por el nuevo sistema de barrido de cunetas.
No es ajeno el sector eléctrico donde la tarifa se ha incrementado ostensiblemente, hasta convertirse en un permanente dolor de cabeza para los usuarios, quienes sufren mes a mes al pagarlo ya que tiene que reducir las compras de sus alimentos para pagar el servicio de energía eléctrica, con el cuento del Fenómeno del Niño incrementan el valor del kilovatio para contar con la disponibilidad de las termoeléctricas y al final sin hacer uso de ellas, el valor pagado por el usuario queda ahí.
Igual ocurre con las comunicaciones que a pesar del avance con la nueva ley de TICs, aún el atraso es grande, pues los operadores no han logrado ampliar la cobertura a nivel aceptable y por si fuera poco, la atención al usuario cada día es peor, otro tanto, ocurre con el desastre energético ya que es óptima en las grandes ciudades porqué en pequeñas como Valledupar, nada más hace una brisita y caen unas gotitas de agua y nos quedamos sin energía. Quizás es por ello, que muchos inversionistas analizan la situación del departamento y municipio y se abstienen de hacer inversiones.
El nuevo presidente de la República, cualquiera que sea ungido por el favor popular, debe tomar el toro por los cuernos y resolver de una vez por todas, el problema de los servicios públicos domiciliarios que nos afecta a todos por igual, pero como es natural los excluidos o de menores ingresos llevan la peor parte, por igual le corresponde a los recién elegidos Congresistas trabajar de la mano en este propósito.