La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia histórica por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe, que afectan especialmente a los departamentos de Cesar y La Guajira. La sanción recayó sobre 12 exmiembros retirados del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, de Valledupar, a quienes se les impuso una sanción propia máxima de entre 5 y 8 años de duración.
Estos sujetos fueron declarados máximos responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles entre enero de 2002 y julio de 2005, que fueron presentados falsamente como bajas en combate. De estas víctimas, 13 continúan sin ser identificadas y se encuentran en proceso con orden de búsqueda por parte de las autoridades. Las desapariciones afectaron a campesinos, personas en situación de vulnerabilidad, así como a pueblos indígenas y afrodescendientes; entre las víctimas se reconocen comunidades Kankuamo y Wiwa, y se documentó que la violencia fue sistemática y con lógica institucional.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, resaltó la importancia histórica de la sentencia, subrayando que representa un avance decisivo para el cierre judicial del conflicto armado en Colombia. Además, valoró el profundo compromiso ético y cultural reflejado en gestos como la entrega simbólica de la sentencia en una mochila arhuaca, emblema de memoria y resistencia de los pueblos indígenas afectados.
Seis proyectos restaurativos
La presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, señaló que esta sanción propia busca no solo proteger los derechos de las víctimas sino también contribuir a su reparación, la verdad y la no repetición. Los sancionados deberán cumplir con seis proyectos restaurativos diseñados en conjunto con las víctimas, con el fin de beneficiar a las comunidades afectadas y promover la memoria histórica. Estas sanciones permiten que los responsables realicen labores que aporten a la reparación, en lugar de ser confinados en prisión.
Entre los proyectos destacaron la construcción de un mausoleo con 700 osarios en Valledupar, centros culturales para los pueblos indígenas y fortalecimiento productivo para las comunidades afrodescendientes. La implementación y cumplimiento de estas sanciones serán monitoreados in situ por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de Sanciones Propias de la JEP, con apoyo de la Misión de Verificación de la ONU.
Las órdenes de búsqueda y la difícil realidad de las víctimas desaparecidas
Sobre las órdenes de búsqueda que aún permanecen vigentes, la magistrada Ana Manuela Ochoa reconoció la complejidad y los retos en la identificación de las personas desaparecidas. Ochoa explicó que muchos de los cuerpos fueron “perdidos administrativamente” durante su traslado y que “están en muy mal estado, es decir, están muy deteriorados para efectos de las pruebas que hay que hacer”.
La magistrada indicó que, a pesar de utilizar tecnología avanzada y realizar varias pruebas, de los cerca de 200 cuerpos no se ha logrado identificar a ninguno de los buscados. Mencionó que el número de personas desaparecidas en proceso ha crecido: “Nosotros arrancamos con cinco personas, pero ya se sumaron más personas… El número seguramente va a crecer… Nosotros lo vamos a seguir buscando. Vamos a hacer todo lo que se pueda”.
Sobre la importancia de no generar falsas expectativas, Ochoa fue enfática en no mentir a las víctimas ni revictimizarlas: “En estos momentos si yo digo que tengo pistas, no es cierto, es mentira. Y no podemos hacer eso con las víctimas, eso es revictimizante”. Así, se reconoce el dolor que implica la incertidumbre y el compromiso de la JEP con la búsqueda continua, aunque advierte las limitaciones y el difícil escenario frente a la desaparición administrativa y el deterioro de los cuerpos.
Patrones macrocriminales en La Popa
La investigación judicial desmontó patrones macrocriminales de colaboración entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares para presentar como bajas en combate a personas asesinadas o desaparecidas forzadamente. Esta sentencia marca un hito en la justicia transicional colombiana al sancionar crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado, buscando dignidad para las víctimas y una paz construida desde la verdad y la reparación.
Durante la lectura de la sentencia, la magistrada Ana Manuela Ochoa realizó un gesto profundo al leer en voz alta los 135 nombres de las personas asesinadas por los 12 exmilitares, restaurando así el buen nombre de cada víctima. Este fallo representa un avance en la reconstrucción de la memoria histórica y la garantía de la no repetición de estos crímenes atroces en Cesar, La Guajira y toda la región Caribe.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
