Cinco procesados señalados de orquestar una millonaria defraudación al sistema pensional del país fueron dejados en libertad por vencimiento de términos en Valledupar.

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Los beneficiados son el abogado Emil Said Baines Ferrer; la abogada Gilmar Silguero Linero; el pensionado José Miguel Meléndez Vega; el ingeniero de alimentos Gian Carlos Miranda Isaza, y el médico Eduardo Marrugo Castellón, quienes estaban privados de la libertad en centro carcelario.

El boleto de regreso a la vida social corrió por cuenta del Juzgado Tercero Penal Municipal con función de Control de Garantías que falló a favor de la solicitud que presentó la bancada de la defensa, la cual alegó que se había cumplido el tiempo reglamentario en la ley para presentar acusación.

Esto debido a que el proceso comenzó prácticamente desde cero luego que el Juzgado Tercero Penal Mixto no avalara el allanamiento a cargo que los cinco implicados realizaron en las audiencias preliminares en el 2018, debido a que no repusieron parte del dinero por el posible daño ocasionado.

“La norma dice que después de improbado el allanamiento se empiezan a contar los términos, es decir, comienza a contarse los 60 o 120 días para la radicación de escrito de acusación. El fiscal radicó el mismo escrito con la modificación de que no estaban allanados pero lo hizo ante el Juzgado Tercero Penal Mixto y es un completo error porque el despacho al improbar el allanamiento se declaró impedido para conocer de la actuación, debió radicarlo en el centro de servicio para que fuera sometido a reparto”, aseguró el abogado Rodrigo Pinto Vásquez.

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No obstante, se conoció por parte de la Fiscalía que el documento había sido radicado desde antes que la juez se declarara impedida por la condena que emitió en contra del médico Carlos Arturo Montero Araujo, exmiembro de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, JRC.

Así las cosas, todos enfrentarán juicio estando en libertad provisional y deberán demostrar ahora su inocencia.

Según la investigación, ellos participaron en el entramado criminal que consistía en emitir dictámenes falsos para que muchos ciudadanos alcanzaran pensión por una incapacidad laboral por patología psiquiátrica u otra que no tenían. De ahí la denominación del ‘Cartel de las pensiones’ o ‘Cartel de los locos’.

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El caso habría quedado al descubierto por unas interceptaciones telefónicas que realizaron los investigadores y que involucraron a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar.

POR: Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN
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