De acuerdo con la Fiscalía, las rentas ilegales al mes superan los 400 millones de pesos.
Un juez con funciones de control de garantías legalizó la captura de seis personas que estarían relacionadas con la explotación ilegal de carbón en la Serranía del Perijá, en el Cesar. Según la investigación adelantada por la Fiscal de Dirección de Delitos Contra los Recursos Ilegales y el Medio Ambiente, los socavones estaban ubicados en zona rural de la Jagua de Ibirico en territorio ancestral de la comunidad yukpa.
Los indiciados fueron capturados en un operativo adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía en colaboración con el Ejército Nacional en dos socavones subterráneos en zona de exclusión minera. En el momento de la aprehensión las autoridades incautaron una motosierra, dos plantas eléctricas, un motor de agua, una pulidora y elementos para la sustracción ilegal de carbón.
“Con su actuar, se cree que los procesados afectaron la calidad del agua de la quebrada Salatiel”, indicó la Fiscalía tras mencionar que la extracción minera ilegal durante los últimos seis meses había llegado a las 800 toneladas con rentas ilegales al mes superan los 400 millones de pesos.
Estas personas deberán responder por los delitos de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y otros. Ninguno aceptó los cargos, sin embargo, posiblemente realicen un acuerdo con la Fiscalía.
El juez les impuso medidas no privativas de la libertad, pero no podrán acercarse a los socavones y no podrán salir del país.
De acuerdo con la Fiscalía, las rentas ilegales al mes superan los 400 millones de pesos.
Un juez con funciones de control de garantías legalizó la captura de seis personas que estarían relacionadas con la explotación ilegal de carbón en la Serranía del Perijá, en el Cesar. Según la investigación adelantada por la Fiscal de Dirección de Delitos Contra los Recursos Ilegales y el Medio Ambiente, los socavones estaban ubicados en zona rural de la Jagua de Ibirico en territorio ancestral de la comunidad yukpa.
Los indiciados fueron capturados en un operativo adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía en colaboración con el Ejército Nacional en dos socavones subterráneos en zona de exclusión minera. En el momento de la aprehensión las autoridades incautaron una motosierra, dos plantas eléctricas, un motor de agua, una pulidora y elementos para la sustracción ilegal de carbón.
“Con su actuar, se cree que los procesados afectaron la calidad del agua de la quebrada Salatiel”, indicó la Fiscalía tras mencionar que la extracción minera ilegal durante los últimos seis meses había llegado a las 800 toneladas con rentas ilegales al mes superan los 400 millones de pesos.
Estas personas deberán responder por los delitos de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero y otros. Ninguno aceptó los cargos, sin embargo, posiblemente realicen un acuerdo con la Fiscalía.
El juez les impuso medidas no privativas de la libertad, pero no podrán acercarse a los socavones y no podrán salir del país.